(AMPL) El Gobierno cántabro modificará la Ley del Suelo para poder indemnizar antes de los derribos

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria promoverá una modificación de la Ley del Suelo para que sea posible indemnizar a los propietarios de viviendas con sentencias de derribo antes de que la demolición sea efectiva. La idea es remitir un proyecto de ley al Parlamento regional en el mes de enero, para que la modificación pueda estar aprobada antes de que termine la legislatura, probablemente para el mes de marzo.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, tras la reunión que han mantenido el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y el propio consejero con varios representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

Mazón ha confiado en contar con la "unanimidad" de las fuerzas parlamentarias para sacar adelante la propuesta, una idea que ha refrendado el presidente de AMA, Antonio Vilela, ya que, en su opinión, esta medida, que supone un "avance sustancial", debe aprobarse "por consenso".

La reunión del presidente y el consejero con los afectados por las sentencias de derribo se ha centrado básicamente en el análisis de las fórmulas posibles para garantizar el patrimonio de los propietarios, asegurando las indemnizaciones antes del derribo.

El problema es que la regulación del procedimiento de garantía patrimonial es un asunto de competencia estatal que exige, como primer requisito básico, que el daño sea efectivo, es decir, en este caso, que se haya producido el derribo.

No obstante, se ha buscado la fórmula para plantear una excepción, a través de una modificación de la Ley del Suelo de Cantabria para que en estos casos no sea necesario llegar al derribo para poder indemnizar.

La idea es pagar las indemnizaciones en el momento en el que los afectados entreguen las llaves al Gobierno o a los ayuntamientos para su derribo. "Es como hacerlo un minuto antes del derribo, en vez de dos minutos después", ha comentado Mazón.

El consejero ha resaltado el beneficio que supone para los afectados, ya que la tramitación de las indemnizaciones es un procedimiento "complejo" en el que a veces no se llega a acuerdos sobre la valoración. De esta forma, todo ese procedimiento estará terminado antes del derribo, en lugar de iniciar entonces el proceso, que puede ser largo.

COSTE

El Gobierno no tiene una estimación económica de las indemnizaciones, pero AMA recuerda que hay 600 viviendas afectadas y calcula que los derribos más las indemnizaciones supondrán 243 millones de euros. Si además se incluye el coste de restituir el suelo a su situación original, la cuantía supera los 300 millones.

Respecto a los plazos, Mazón ha explicado que la idea es presentar el proyecto de ley en el Parlamento en el mes de enero para que se tramite en el último periodo de sesiones de la legislatura, que se prolongará de febrero a abril. El consejero confía en que se apruebe en marzo y en que pueda empezar entonces la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial.

Otra de las cuestiones que probablemente se regule por ley será la forma de garantizar que los compradores sepan cuando adquieren una vivienda si hay algún recurso pendiente sobre la construcción. De esta forma, cuando el Gobierno sea parte en algún recurso, deberá comunicarlo al Registro para que se haga una anotación preventiva.

AVANCE, PERO CON "RETICENCIAS"

Desde la asociación de afectados ven las propuestas del Gobierno como un "avance sustancial", pero lo observan a la vez con "reticencias" porque, según Vilela, ya escucharon palabras "parecidas" hace cuatro años.

No obstante, están convencidos de que si hay "voluntad política" por parte del Gobierno regional y del presidente la solución llegará, y confían en que esta vez sea "la de verdad". En este sentido, Vilela ha reconocido que la situación hoy es "diferente" a la de hace cuatro años y "se han hecho avances".

Ahora, con esta nueva propuesta, hacen sendas llamadas a la Justicia y a la asociación ecologista ARCA. A los jueces les piden que "tengan sensibilidad" y tomen medidas para que las familias no sigan "sufriendo" y no sigan siendo los únicos que no han encontrado "amparo" en todos estos procesos. Por su parte, a ARCA le solicitan que "facilite que no haya derribos" antes de que esté asegurada la garantía patrimonial.