El documento, firmado hoy, propone construir 8.000 viviendas protegidas en seis años y crear o consolidar 10.000 empleos
SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo espera tener operativas ya en el mes de junio las líneas financieras previstas en el Pacto por la Vivienda para facilitar el acceso a la financiación para la promoción, rehabilitación y adquisición de viviendas.
Según explicó el consejero, José María Mazón, se está hablando con el Banco Santander, Caja Cantabria y BBVA y las negociaciones están "muy avanzadas", hasta el punto que con una de esas entidades está prácticamente cerrado el acuerdo, pero no precisó con cuál.
Mientras tanto, la Consejería de Economía y Hacienda sigue trabajando en la concreción de esas fórmulas financieras, pero eso no ha impedido firmar ya el Pacto por la Vivienda en Cantabria, que fue suscrito hoy ante los medios de comunicación por el propio consejero, el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Miguel Mirones; la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, y el secretario de Construcción de CC.OO., Damián García Carmona.
El documento pretende contribuir a facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de la región y, al mismo tiempo, generar actividad en el sector de la construcción y crear empleo.
Para ello, se propone la promoción y construcción de 8.000 nuevas viviendas protegidas en el horizonte de seis años, desarrollar nuevo suelo en la región que permita la construcción de 3.000 viviendas de protección, y conceder ayudas a la mejora de la calidad y eficiencia energética y a la rehabilitación.
Junto a estas y otras medidas, se recoge también esa creación de líneas financieras que permitan a los promotores impulsar nuevas viviendas y a las familias comprar, así como diferentes cambios legislativos que faciliten algunos trámites y atiendan algunas demandas del sector.
La idea es que estas medidas y otras políticas adicionales que se puedan sumar en el futuro permitan crear o consolidar al menos 10.000 empleos en la región.
UN COMPROMISO "DIFÍCIL"
Con este Pacto, el Gobierno asume un compromiso "difícil". De hecho, el consejero cree que "no va a ser fácil lograr los objetivos al cien por cien". Para ello, confía en que también los sindicatos y los empresarios "pongan todo de su parte".
Los firmantes del acuerdo han recibido una llave simbólica que el presidente de la patronal cántabra, Miguel Mirones, espera que signifique que muchas personas logren acceder a una vivienda.
También secundó la idea el secretario de Construcción de CC.OO., Damián García Carmona, quien espera que esa llave "abra la puerta a la esperanza de muchos" trabajadores y familias y, al mismo tiempo, "llame también a la puerta de los bancos para que abran los grifos" de la financiación.
En la misma línea, la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, confió en que, "con el esfuerzo de todos, especialmente de las entidades financieras", se alcancen los dos objetivos del plan: facilitar el acceso a la vivienda y generar empleo.
MEDIDAS
El Pacto por la Vivienda en Cantabria se firma en un momento en el que unos 34.000 cántabros demandan una vivienda protegida. De ellos, casi el 39 por ciento busca vivienda en propiedad, pero al 60 por ciento restante le es indistinto si consigue una VPO en propiedad o en alquiler.
El documento suscrito por el Gobierno y los agentes sociales, al amparo del Acuerdo de Concertación Social, propone desarrollar suelo, tanto desde la iniciativa pública como desde la privada, para la construcción de 3.000 viviendas protegidas. Para ello, el Ejecutivo se compromete a impulsar la aprobación de las modificaciones de planeamientos que sean necesarias.
Junto a la intervención en suelo, el Pacto prevé la promoción de 8.000 viviendas de protección pública, de las cuales, el 40 por ciento se intentará que sean de alquiler, acceso diferido a la compra u otros regímenes distintos al de propiedad.
También se impulsará la mejora de la calidad y eficiencia energética a través del reparto de al menos 2.000 ayudas directas para la promoción de viviendas protegidas con calificación energética A, B ó C.
Asimismo, se concederán otras 8.000 ayudas, al menos, para los propietarios que rehabiliten sus viviendas, especialmente en barrios y centros urbanos degradados.
Igualmente, el Pacto prevé la creación de un parque público de alquiler con al menos 600 viviendas (de nueva ejecución, de cesiones o por absorción de vivienda libre a precio de protegida); y la promoción de 200 alojamientos protegidos para universitarios en colaboración con la Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
LÍNEAS FINANCIERAS
Por último, el acuerdo incluye la constitución de una o varias líneas financieras de estímulo que permitan a los promotores y a los propietarios acceder al crédito necesario bien para construir o para comprar. En el caso de los constructores, se comprometen a iniciar una vivienda nueva por cada vivienda en stock que logren vender gracias a las líneas financieras.
El Gobierno regional pondrá 35 millones de euros para facilitar esas líneas financieras, un dinero que después se recuperará. Las condiciones exactas de las operaciones se explicarán cuando se cierre el acuerdo.
El consejero destacó que las negociaciones para articular las líneas financieras están "muy avanzadas" y aseguró que se firmarán en cuanto haya una entidad importante que se sume, tras lo cual se podrán ir acogiendo otras.
Mazón se mostró además convencido de que no va a haber ningún reparo por parte de la Consejería de Economía y Hacienda y, por ello, aunque no se hayan suscrito a la par el Pacto y las líneas financieras, recalcó que no se deben "ver fantasmas donde no los hay".
Según dijo, "no hay ninguna discrepancia" entre las consejerías, solamente "precaución" y "prudencia" por parte de Economía, que tiene que estudiar bien las fórmulas y si computan o no como deuda.
REFORMAS NORMATIVAS
Todas las medidas previstas en el Pacto por la Vivienda se completarán además con una serie de modificaciones normativas expresamente reflejadas en el documento.
En concreto, el Gobierno se compromete a modificar la Ley del Suelo para revisar los límites máximos de densidad y edificabilidad y el régimen jurídico del suelo urbano incluido en ámbitos de renovación o reforma urbana.
También cambiará el decreto que regula las condiciones mínimas de habitabilidad con el fin de simplificar y agilizar la tramitación administrativa; y concluirá la redacción de una Ley Autonómica de Vivienda que facilite el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna.
