Acreedores de Sniace reclaman deudas superiores a las reconocidas por la empresa

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Algunos acreedores, entidades financieras y entidades públicas con los que Sniace mantiene deudas han reclamado en su comunicación a la administración concursal importes superiores a los que la compañía tenía reconocidos en su balance a fecha de la declaración del concurso de acreedores.

Así se refleja en la auditoría de Sniace de 2013, realizada por la la firma Pricewaterhousecoopers. El documento deja constancia de la "incertidumbre significativa" a la que se enfrenta el grupo Sniace, con varios concursos de acreedores en tramitación, la actividad productiva paralizada desde julio de 2013; el despido de la plantilla en septiembre (el juicio en la Audiencia Nacional se ha retrasado hasta el 3 de julio); y pese a ello, unas pérdidas de 124,2 millones en el pasado ejercicio. Al cierre de 2013 el importe del pasivo corriente excede del activo corriente en 66,3 millones.

La auditoría concluye que las cuentas de 2013 expresan "la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera" de Sniace, cuya viabilidad depende "del cumplimiento de determinadas condiciones, algunas de las cuales se encuentran fuera del ámbito de gestión del grupo Sniace", señala en clara alusión a la regulación energética.

No obstante, destaca que las cuentas anuales han sido formuladas por parte de los administradores "de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, teniendo en cuenta la voluntad de reanudar la actividad tan pronto como se den las circunstancias económicas que lo permitan".

La auditoría constata por un lado la "incertidumbre" sobre la capacidad del Grupo Sniace para continuar con su actividad de forma que pueda realizar su activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales.

Ello "dependerá", añade, del éxito de las medidas a adoptar en el marco del plan de viabilidad que tienen que elaborar los administradores y que ha de ser informado favorablemente por la administración concursal, así como de la consecución de financiación suficiente para la implementación del futuro plan de viabilidad y su puesta en marcha.

JUICIO POR LOS DESPIDOS

Por otro lado, la auditoría señala también la "incertidumbre" sobre los efectos que tendrá la resolución definitiva del procedimiento judicial en que está inmersa la sociedad tras la presentación en septiembre de 2013 del expediente de extinción para la mayor parte de la plantilla de Sniace y sus participadas Viscocel y Celltech, que ha sido impugando por los trabajadores y elevado a la Audiencia Nacional.

El auditor advierte que a 31 de diciembre de 2013, el epígrafe de "provisiones para otros pasivos y gastos" recoge una provisión por indemnizaciones de 2,2 millones de euros, pero en caso de que el expediente fuera considerado no ajustado a derecho el montante total de las indemnizaciones podría alcanzar los 8,6 millones euros aproximadamente.

Una nueva incertidumbre que señala la auditoría es el desenlace de las impugnaciones presentadas por ciertos acreedores, entidades financieras y entidades públicas en el marco de los procedimientos de concurso voluntario de acreedores, que han reclamado en su comunicación a la administración concursal importes superiores a los que Sniace tenía reconocidos en su balance a fecha de declaración del concurso de acreedores.

El informe de la administración concursal se encuentra en fase de resolución de incidencias. Se ha emplazado a las partes para que formulen alegaciones al inventario y listado de acreedores publicados en dicho informe, habiendo presentado Sniace sus propias alegaciones.

Sniace ha impugnado el importe reclamado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y reconocido por la administración concursal tanto en el listado de acreedores como en el inventario de bienes, que asciende a 1,5 millones de euros y difiere en 510.000 euros de la cantidad reflejada por la empresa en sus cuentas.

La diferencia estriba en las liquidaciones del canon de vertidos ya pagadas pero recurridas en los tribunales, que Sniace espera recuperar como resultado del procedimiento judicial.