Los afectados se concentraron ante el Gobierno regional, con ladrillos y pancartas pidiendo la "legalización" de sus casas
SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Maltratados por la Administración criticó hoy la "falta de soluciones reales" al problema de las sentencias de derribo en Cantabria, que después de la anulación del Plan Parcial del Alto del Cuco, en Piélagos, afecta ya a cerca de 1.000 viviendas y 4.000 personas, según señaló hoy el presidente de AMA, Antonio Vilella, durante la concentración que este colectivo realizó a las puertas del Gobierno regional bajo el lema 'Legalización y justicia'.
Vilella denunció que el Ejecutivo cántabro, que "había dicho que estaba buscando soluciones", no sólo "no ha solucionado nada de lo que había anteriormente, sino que ha conseguido duplicar el número de familias que están padeciendo esta situación". Agregó que "lo único" que ha hecho el Gobierno es "recurrir las sentencias que le condenan" a indemnizar "por daños morales" a las víctimas de las sentencias de derribo. "Como afectados, nos avergüenza", aseveró.
Añadió que el objetivo de la Asociación de Maltratados por la Administración era "desaparecer" lo antes posible y, sin embargo, aumenta día a día su número de socios, que se sitúa en 2.500. Vilella destacó que los afectados "esperamos que pueda haber algún movimiento y que alguien, empezando por el presidente del Gobierno, tome alguna medida, porque lo que no puede ser -dijo- es que vayan cayendo las sentencias de derribo una detrás de otra -según dijo ya van 22-, y no sepamos quiénes son los responsables".
El presidente de AMA denunció que deberían ser los "culpables" de esta "chapuza" los que paguen, "con su patrimonio", las indemnizaciones derivadas de estas sentencias, indemnizaciones que por el contrario, "vamos a tener que pagar todos los cántabros vía impuestos", advirtió. Reclamó al mismo tiempo la aprobación de medidas legislativas "para que cualquier ciudadano tenga seguridad jurídica a la hora de comprar una vivienda".
En la concentración ante la sede del Gobierno regional, los afectados por sentencias de derribo colocaron en el suelo ladrillos con su nombre y portaron sendas pancartas con los lemas 'Legalización es la solución' y 'Legalización y justicia'.
En una de ellas aparecían las fotos del presidente del Gobierno, Miguel Angel Revilla, la vicepresidenta, Lola Gorostiaga, y el consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, y debajo de ellas el texto 'Gobierno, responsable'. El Gobierno, por su parte, anunció que Mediavilla recibirá en su despacho a los representantes de los afectados.
