(Ampl) Industria promete un "último esfuerzo" para relanzar Gebiosa, aunque en SIMSA sólo ve voluntad "especulativa"

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, se comprometió hoy a realizar un "último esfuerzo" por parte del Gobierno para tratar de relanzar el proyecto de Gebiosa de construir una planta de producción de biodiésel en Marina de Cudeyo, aunque advirtió de que SIMSA, la principal accionista, "ha utilizado únicamente" el proyecto con la intención de "especular" con los terrenos que, además, "no son de su propiedad", sino del dominio público marítimo terrestre.

En su comparecencia en Comisión parlamentaria, Del Olmo anunció que se volverá a reunir con los responsables del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, con la empresa y con la Demarcación de Costas para intentar "despejar" el futuro del proyecto que, a su juicio, pasa por la solicitud de la concesión administrativa sobre los terrenos o por un cambio de ubicación de la planta.

"Si SIMSA demuestra su voluntad de desarrollar el proyecto, ahí nos tiene", recalcó el consejero, quien se mostró firme "partidario" de "luchar" por el proyecto, pero asumiendo que los terrenos forman parte del dominio público marítimo terrestre y sin buscar "enfrentamientos" con otras administraciones por la concesión de licencia. De hecho, explicó que Sodercan decidió vender su participación en Gebiosa tras acordar el resto de socios del proyecto el inicio de reclamación jurídica a Costas y el Ayuntamiento.

Los grupos Regionalista y Socialista apoyaron la postura del Ejecutivo y la apuesta por un último esfuerzo, al tiempo que cuestionaron también la voluntad empresarial de SIMSA. Sin embargo, el PP opinó que el Gobierno "no ha estado a la altura de las circunstancias" y lamentó que la Consejería haya asumido "indubitadamente" el informe de la Dirección General de Costas que determina que los terrenos son de dominio público.

Tras repasar todo el proceso desde la constitución de Gebiosa --participada en un 45% por SIMSA y en un 10% por la empresa pública Sodercan, entre otros socios-- hasta los problemas surgidos para la concesión de la licencia de obras, Del Olmo recalcó que la voluntad de la Consejería ha sido siempre la defensa de la "continuidad" del proyecto, pero "en las condiciones adecuadas".

El problema, desde su punto de vista, es que el Gobierno y SIMSA no han perseguido el "mismo objetivo" en este asunto, porque mientras el Ejecutivo pretendía "subsanar una gestión empresarial lamentable" que hacía que SIMSA llevara diez años "en crisis", la empresa "sólo ha perseguido la especulación con un suelo que no es de su propiedad".

De acuerdo con las estimaciones del consejero, una operación de esas características sobre ese suelo, de 20 hectáreas, podría haber llegado a reportar a SIMSA unos 50 millones de euros, puesto que por la venta de una hectárea a Gebiosa recibió 2,45 millones.

"APARIENCIA DE LEGALIDAD".

Según recordó, la constitución de Gebiosa para construir la planta de producción de biodiésel suponía la implantación de la planta en los terrenos que ocupa actualmente SIMSA y la incorporación de sus 35 trabajadores, dando así solución a los problemas de la empresa. Sin embargo, en enero de este año, al pedir la licencia de obras al Ayuntamiento, éste no pudo concederla porque los terrenos, según la versión del consejero, apoyada en informes de las autoridades de Costas y de la Dirección General de Patrimonio, no son de SIMSA, que sólo tiene una concesión sobre ellos.

Del Olmo aseguró que la empresa conoce al menos desde 1992 la versión de la Demarcación de Costas y no adoptó ninguna medida para defender su supuesta titularidad de los terrenos, lo que le lleva a concluir que "algo escondía detrás". Además, cuando vendió parte del terreno a Gebiosa la operación se registró con "apariencia de legalidad" y el Gobierno no supo entonces de los problemas de titularidad sobre los terrenos.

En cualquier caso, y a pesar de todo ello, dejó claro que el Gobierno sigue dispuesto a apoyar el proyecto. Las dos posibilidades son el cambio de ubicación, pero la empresa ha rechazado la alternativa ofrecida por el Ejecutivo; o la solicitud de la concesión administrativa sobre los terrenos, que la Dirección General de Costas estaría dispuesta a tramitar en poco más de dos meses y que supondría el pago de un canon anual de unos 18.000 euros, que el consejero considera asumible porque "no pone en compromiso el proyecto".

"SE ENROLAN CON EL PRIMERO QUE LLEGA".

Frente a todo ello, la diputada 'popular' María Antonia Cortabitarte reprochó al consejero que el Gobierno se haya colocado "de forma indubitada" a favor de las tesis de la Demarcación y la Dirección General de Costas sobre la titularidad de los terrenos y preguntó a Del Olmo si no se podría haber mediado para que se aclarara el asunto por la vía administrativa.

A su juicio, en esta cuestión sólo hay dos posibles conclusiones: o bien la empresa tiene razón y el terreno es suyo, y en tal caso la postura del Gobierno ha sido "bastante irresponsable"; o bien el Ejecutivo se "enrola en un proyecto con el primero que llega a la puerta" y se apunta a él sin tener siquiera en cuenta dónde se va a instalar y con una empresa cuya voluntad el Gobierno ahora no ve clara.

Respecto a esta última cuestión, la diputada recordó que la empresa "lleva un año trabajando sin descanso, acondicionando los terrenos y los tanques". "¿Una empresa que no tiene voluntad industrial, hace todas estas obras?", preguntó.

"GENTE DE POCO FIAR".

Por su parte, el portavoz Socialista, Martín Berriolope, secundó las tesis del consejero y aseguró que los responsables de SIMSA son "gente de poco fiar", que en su día "especulaban" con la soja y el grano, y ahora pretendían hacer lo mismo con los terrenos. "Nos hemos vuelto a encontrar que la motivación no era una motivación industrial o ecológica, sino que lo que buscaba era legalizar las hectáreas que tiene por concesión, convertirlas en privadas y especular con el terreno", sentenció.

Aun con todo, y desde la convicción de que el proyecto de construcción de una planta de biodiésel era "excelente", Berriolope animó al consejero a realizar un "último esfuerzo" para que se lleve a cabo, una petición que también planteó el regionalista Rafael Pérez Tezanos, quien opinó que "habrá que seguir siendo ingeniosos y buscando alternativas".

Al igual que Berriolope y el consejero, el diputado del PRC puso en duda la voluntad de la empresa. "Había muy poco proyecto industrial y a lo mejor sí que había tejida detrás una operación económica", indicó. A su juicio, si el proyecto finalmente se pierde "los máximos responsables" serán los dueños, no el Gobierno, que "no ha escatimado esfuerzos".