El aumento del objetivo de déficit permitirá a Cantabria cerrar 2012 con 200 millones de desfase

SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incremento en dos décimas del objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 --hasta el 1,5% del PIB--, aprobado este martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, autoriza a Cantabria a cerrar el presente ejercicio con un déficit cercano a los 200 millones de euros, unos 27 millones más que con el techo del 1,3% establecido por el anterior Gobierno.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la consejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, quien sin embargo, no ha despejado las dudas sobre si Cantabria necesitará hacer más ajustes adicionales a los aprobados en el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos. Preguntada al respecto, se ha limitado a señalar que dicho plan se ha propuesto "para corregir el déficit estructural de presupuesto".

Mazas ha destacado que esta "relajación" o "flexibilización" en el objetivo de déficit para las comunidades autónomas, junto con el aplazamiento de las liquidaciones y el mecanismo extraordinario aprobado por unanimidad para el pago a los proveedores de las facturas anteriores al 1 de enero, "dan solución a algunos de los principales problemas que tenían estrangulado el crecimiento económico" y el margen de maniobra de las Comunidades Autónomas.

La consejera aludió en este punto a los 261 millones de deuda sanitaria no contabilizada en el presupuesto y que el Gobierno de Cantabria tiene que incorporar por orden del Ministerio a las cuentas de 2012. Según explicó, para acogerse a este mecanismo extraordinario de pago las empresas que hayan recurrido a la vía judicial para reclamar los pagos pendientes a la Administración -caso de algunas industrias farmacéuticas- tendrán que hacer una renuncia expresa a dicha reclamación.

El mecanismo consiste en cancelar las obligaciones de pago anteriores al 1 de enero de 2012, tanto del Gobierno regional como de las empresas públicas que consolidan con la Administración, mediante una operación de crédito que transformará la "deuda comercial" (deuda a proveedores) en deuda financiera --a devolver en diez años con dos años de carencia por el principal-- y que no supondrá, según explicó Mazas, un incremento del déficit público.

El Gobierno de Cantabria tendrá que solicitar la adhesión a este mecanismo extraordinario antes del 1 de abril, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. Después tendrá que enviar al Ministerio una relación certificada de todas las facturas --de momento no se conoce el número ni su cuantía total aproximada--, establecer una priorización en el tiempo, con el 31 de diciembre como tope, y presentar un plan de amortización. Los proveedores podrán cobrar presentando las facturas en las entidades de crédito.

INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

La consejera destacó que este mecanismo, adicional a las líneas ICO anunciadas por el Gobierno central para atender el pago a proveedores y las amortizaciones de deuda, supondrá un "importante estímulo para el crecimiento económico" dado que se traducirá en la inyección de liquidez a las empresas españolas por un total de 35.000 millones de euros, y permitirá reducir de forma considerable los atrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas.

Añadió que el Gobierno de Cantabria "sigue esa misma senda" a través del convenio con el Sogarca y las dos líneas del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) para introducir liquidez a las empresas.

Mazas opinó que el Ministerio "ha cumplido con uno de los compromisos más importantes de los solicitados por las comunidades autónomas, en especial Cantabria, en un tiempo cortísimo". Añadió que gracias al aplazamiento de las liquidaciones, los 97 millones que Cantabria debía devolver este año al Estado "se quedan en la mitad". "Se relaja el objetivo de déficit y las Comunidades Autónomas cuentan con más ingresos", se congratuló.

En su opinión, los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria son "más razonables", en particular el nacional, que pasa del 4,4% al 5,8% del PIB, un porcentaje "más apropiado" en el contexto económico-financiero actual, a juicio de Mazas, teniendo en cuenta que el fijado por el anterior Gobierno estaba calculado para un crecimiento económico del dos por ciento y ahora existe un escenario de recesión del 1,7%.