Adjudicadas en 2,7 millones de euros las escaleras mecánicas del Barrio El Carmelo
SANTANDER, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado solicitar al Gobierno regional la declaración del Cabildo de Arriba como Área de Renovación Urbana (ARU). Con este acuerdo se inicia la tramitación de una actuación que supondrá una inversión en torno a 51 millones de euros subvencionada en un 60 por ciento por el Ministerio de Vivienda si recibe el visto bueno final de dicho departamento.
En este sentido, el Consistorio espera que los recortes anunciados en el Ministerio no afecten a este proyecto y confía en poder hacer "fuerza" entre todas las administraciones representadas en la Comisión Mixta para que "en ningún caso" el proyecto se vea "afectado".
Así lo ha explicado el concejal de Infraestructruras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, que ha sido el encargado de informar esta semana de los acuerdos de la Junta de Gobierno en la que, además, se han adjudicado en 2,7 millones de euros las obras de mejora de accesibilidad en el Barrio El Carmelo, donde se contemplan siete tramos de escaleras mecánicas.
La Junta de Gobierno ha acordado solicitar al Ejecutivo cántabro la declaración del ARU en virtud del acuerdo alcanzado el pasado mes de junio en el seno de la Comisión Mixta con el respaldo de todos sus miembros (las administraciones central, regional y local, además de los vecinos).
Con ello, se inicia la tramitación de la memoria-programa, que se trasladará al Gobierno regional para que también lo apruebe y lo envíe a su vez al Ministerio de Vivienda, que será el encargado de darle el visto bueno definitivo.
En palabras de Díaz, se trata de un documento "importantísimo" para el futuro del barrio, que todavía tiene vigentes las ayudas del ARI (Área de Rehabilitación Integral) y del ARCU (Área de Rehabilitación de Centro Urbano), pero requería "un paso más" y completar las acciones de rehabilitación con procesos de renovación.
Con el ARU se contempla la demolición de algunos edificios para levantar en su lugar viviendas de protección oficial. El presupuesto (en torno a los 51 millones de euros) incluye además obras de urbanización, el coste de licencias y redacción de proyectos, los costes financieros y el plan de realojos temporal.
Se calcula que 224 unidades familiares se verán afectadas durante el proceso. Esas personas contarán con un plan de realojos y retorno, y con "importantes ayudas". Mientras duren las obras, serán realojadas preferentemente con alquileres y lo más cerca posible de su entorno. De hecho, una de las posibilidades que se contempla es que las primeras fases que se vayan ejecutando se puedan utilizar para algunos realojos.
COLABORACIÓN Y CONSENSO
Díaz ha destacado la "colaboración estrecha" que han mantenido hasta ahora las tres administraciones implicadas en la transformación del Cabildo y ha subrayado cómo "desde la participación y la búsqueda del consenso" se consiguen "grandes resultados". Ahora confía también en que uniendo la "fuerza" de todas las partes el proyecto quede a salvo de los recortes previstos en el Ministerio de Vivienda.
Según ha señalado el concejal, aunque de momento no se ha dicho nada expresamente con respecto a estas áreas de intervención, en el Ayuntamiento están "inquietos" y confían en que el ARU no se vea afectado. No obstante, las viviendas de protección se ven afectadas por los recortes del Ministerio y por ello intentarán que el Ministerio les informe con "más detalle".
Precisamente, una de las críticas que hace el Consistorio santanderino es que los recortes en Vivienda se hayan conocido a través de "un artículo en prensa", con lo cual, "difícilmente se puede analizar" cómo van a afectar a proyectos como el del ARU.
En su opinión, es una "falta de sensibilidad absoluta y una falta de transparencia total" que los ayuntamientos, que llevan a cabo parte de la política de vivienda, se encuentren con ese anuncio en la prensa.
En cuanto al fondo del asunto, ha destacado que lo que han podido leer les preocupa "con carácter general", ya que los recortes afectan a la promoción de vivienda protegida, una medida, a su juicio, "antisocial", como otras de las que ha adoptado el PSOE. Además, ha advertido de que ese recorte va a afectar al "único" subsector que todavía "tenía latido en la construcción", con lo cual supondrá un descenso de la actividad en el sector y un aumento del paro.
OBRAS EN EL CARMELO
Además de acordar ya el inicio de la tramitación del ARU del Cabildo, la Junta de Gobierno ha adjudicado las obras de mejora de accesibilidad en el Barrio El Carmelo. El proyecto, licitado en principio con un presupuesto de 3,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, se ha adjudicado a Ferrovial Agruman, que realizará los trabajos en siete meses, por importe de 2,7 millones de euros.
Las obras, que podrían comenzar a lo largo de este mes, una vez se firme el contrato y el acta de replanteo, serán costeadas a partes iguales por el Ayuntamiento y el Gobierno regional, en virtud del convenio firmado con la Consejería de Economía y Hacienda a raíz de la concesión del Urban a Torrelavega.
Según ha explicado Díaz, se prevé la construcción de siete tramos de escaleras mecánicas que unirán las calles Santa Teresa y Prado San Roque, que actualmente ofrecen una movilidad "muy deficiente" por la existencia de escaleras con una pendiente "muy pronunciada". Las escaleras mecánicas contarán con un sistema de ahorro energético, de forma que sólo funcionarán a ritmo normal cuando haya algún usuario y reducirán el consumo energético mientras no se usen.
En palabras del concejal, con este proyecto se dará un "impulso muy importante" a la movilidad en esta zona de la ladera Sur de General Dávila y se mejorarán las condiciones de vida de los vecinos. La actuación se suma además a otras mejoras abordadas en el área, como las escaleras y rampas mecánicas del Río de la Pila, el puente de la calle San Sebastián o los tres ARI planteados para ese entorno.
OTROS ACUERDOS
También en el ámbito de Contratación, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente para contratar el servicio de limpieza en colegios públicos y sus patios y zonas verdes. El importe de licitación será de 1.380.000 euros anuales, por un plazo de tres años.
Además, en Infraestructuras se ha aprobado la primera remesa de ayudas de 2010 para la instalación de ascensores. En total se han concedido 36.000 euros para cinco comunidades de propietarios ubicadas en la calle La Unión 27, calle Madrid 12, Menéndez Pelayo 119, Santa Lucía 38 y Vía Cornelia 17. Las ayudas son de 9.000 euros para ascensores exteriores y de 6.750 euros para los interiores. Desde la creación de estas ayudas en 2007 se han repartido 196.000 euros.
Por último, la Junta de Gobierno ha desestimado los recursos de dos particulares sancionados por infringir la normativa sobre tenencia de animales. Al primero de ellos se le impuso una sanción de 60 euros por no recoger los excrementos de un perro en el Parque Recaredo y otros 60 euros más por llevar ocho perros sueltos.
En el segundo de los casos las sanciones han sido de 300 euros por llevar suelto por el Parque de Las Mariposas un perro de raza pittbull terrier y otros 2.400 euros por no tener la correspondiente licencia para animales potencialmente peligrosos.
