SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El joven cántabro Marcos Martínez, miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, cree que su imputación por el 'escrache' de hace un año al presidente del PP y del Gobierno regional, Ignacio Diego, no incumple el código ético del partido de Pablo Iglesias.
En consecuencia, Martínez, --al que se le atribuyen posibles delitos de desorden público o, alternativamente, coacciones, atentado agravado y falta continuada contra el orden público--, no prevé adoptar ninguna medida relacionada con su pertenencia al órgano de dirección nacional de la formación.
En este sentido, y según ha explicado a esta agencia, el código ético de Podemos contempla la renuncia a cargo público --interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos-- en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.
Martínez, que asegura haber recibido "apoyos de todo el mundo" y "en general", aunque no ha especificado órganos o nombres concretos, ha avanzado que el próximo martes informará, junto a los otros ocho imputados por el 'escrache' a Diego, de medidas a adoptar ante esta imputación, en el marco de una campaña que emprenderán porque "aquel día no hicimos nada que consideremos negativo". "Se está intentando dar la vuelta a esta historia", ha apostillado.
Finalmente, preguntado por la posibilidad de concurrir al proceso de elección del que saldrá elegido el candidato a la Presidencia de Cantabria por Podemos, Marcos Martínez ha indicado que "aún" no lo tiene pensado o decidido.
IMPUTACIÓN
El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha imputado a nueve personas por el 'escrache' al presidente cántabro hace un año en la Universidad, con motivo de su participación en el foro 'Tengo una pregunta para usted'.
El juez Luis Enrique García Delgado ha dictado un auto en el que pone fin a la investigación de los hechos y haya indicios de un delito de desordenes públicos (cuya pena es de cuatro a seis años) en la actuación de siete de los imputados, así como de falta continuada contra el orden público en otros dos casos.
Los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2014 en el edificio de las universidades sito en la calle Marino Fernández Fontecha, donde un grupo de personas insultó a Diego durante el acto en el que intervenía, y a su término, "se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente, impidiendo de hecho que pudiera acceder a su vehículo oficial".
El auto señala que tres de ellos formaron una especie de cadena que obligó al equipo de seguridad del presidente a evacuarle en un vehículo policial, lo que consiguieron "tras grandes dificultades, luchando denodadamente -dice- con los allí congregados".
Según precisa, algunos de ellos intentaron acceder al interior del vehículo policial "con el fin de agredir" a Diego. Otro se colocó frente al turismo para impedir que el presidente abandonara el lugar. Y tres de los imputados, según consta en el auto, se tiraron encima del capó y colocaron una pancarta que impedía ver nada al chófer.
Entre los imputados figura Marcos Martínez, de 26 años y graduado en Ciencias Políticas y de la Administración; activista de movimientos estudiantiles, sindicales y del 15M, y portavoz del Círculo Podemos de Santander.
El juez le imputa un delito de desórdenes públicos o, alternativamente, coacciones, atentado agravado y falta continuada contra el orden público (desconsideración) o, alternativamente, una falta continuada de injurias y amenazas. Según el auto, intentó entrar al vehículo donde estaba el presidente con el fin de agredirle, y un policía se interpuso para impedirlo, forcejeando "levemente" con él, para después insultar a los escoltas.
Con este auto, dictado esta semana, el juez ponía fin a la instrucción y ordenaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, a la vez que establecía un plazo de 10 días para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. El Gobierno de Cantabria no se personará como acusación contra los nueve jóvenes imputados
