Considera "imprescindible y urgente" su desarrollo normativo y propone que se amplíe a particulares
SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social de Cantabria ha emitido dictamen favorable sobre el Proyecto de Plan de Acción de Reducción de Cargas Administrativas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Según recoge el dictamen, las cargas administrativas son costes que la empresa debe soportar como consecuencia del cumplimiento de un requisito normativo y que no tendría que realizar si éste se derogase. Por tanto, este plan va dirigido a las empresas con el objetivo de mejorar la competitividad y productividad empresarial, sostiene.
En este sentido, el CES propone la ampliación del ámbito de aplicación del plan al considerar que podrían agilizarse los trámites administrativos no sólo de las empresas, sino también de cualquier particular que inicie una solicitud o expediente
El Consejo considera que la mejora regulatoria y la simplificación de cargas son "una asignatura pendiente" en la región, al igual que la tramitación electrónica, particularmente en las relaciones con el empresariado, si bien el Ejecutivo cántabro ha sido el primer gobierno autonómico en firmar un convenio para adherirse al Plan estatal de Reducción de Cargas Administrativas.
El texto sometido a consulta es "atípico", para el CES, ya que no se trata de una norma jurídica, sino de un plan, por lo que estima "imprescindible y urgente" su desarrollo normativo. "Sin esta necesaria producción normativa, que modifique la regulación y procedimientos existentes hasta la fecha, no tendrá lugar de forma efectiva la reducción de cargas administrativas pretendida", advierte.
Además, apunta que para que el plan surta efecto no sólo es necesario este desarrollo normativo, sino una "completa coordinación" entre administraciones a nivel local, regional y estatal. En opinión del Consejo, este es el punto de "mayor importancia" para la consecución del objetivo a la vez que "su mayor dificultad".
Reducir el plazo administrativo de resolución de los procedimientos, establecer el silencio administrativo positivo salvo que razones "imperiosas de interés general" justifiquen lo contrario, o la aprobación de una guía sobre técnica legislativa son otras de las directrices que el CES propone para la mejora legislativa y simplificación administrativa. Además, se promueve el mantenimiento de un acceso público y gratuito por vía telemática al ordenamiento jurídico autonómico y a las instrucciones y documentación necesaria para la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos.
En esta línea, el Consejo apuesta por la unificación de procedimientos, creando procedimientos tipo que puedan ser utilizados en distintas actuaciones, materias o sectores, haciendo de estos modelos un cauce "más conocido y accesible".
RESPUESTA INMEDIATA
Asimismo, insta a establecer servicios de respuesta inmediata, es decir, procedimientos en los que la Administración decide a la vista de la solicitud del ciudadano, sin que sea preciso realizar otros trámites, ni obtener informe, o cualquier otro tipo de actos intermedios.
Además, anima a la creación de un Banco de Empresas que realice todos los "largos trámites" de creación de sociedades y las ponga a la venta a disposición de empresarios y emprendedores. Esta iniciativa permitiría reducir a un día los pasos necesarios para contar con una sociedad mercantil y comenzar a operar de inmediato con ella, aunque será necesario establecer medidas de control "para que dichas empresas instantáneas no supongan en la práctica un instrumento para conseguir finalidades contrarias al ordenamiento jurídico".
En este sentido, el CES subraya que la simplificación de trámites no puede suponer "desregulación ni reducción de garantías y derechos". Por ello, el Consejo entiende que estas nuevas medidas deben ir acompañadas de un "adecuado" sistema de control, seguimiento, supervisión e inspección, que garantice la eficiencia y seguridad en la prestación del servicio. Para ello, y en esta misma línea, sugiere incluir un sistema de revisión periódica del cumplimiento del plan y un informe final de su ejecución.
