Reclama la convocatoria de una oposición pública para acceder a las plazas y que se paralice el recurso judicial
SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos (C's) de Camargo ha pedido que se "regularice y profesionalice" el Parque de Bomberos de este municipio, que supera los 20.000 habitantes, mediante la convocatoria de una oposición pública que garantice el acceso a las plazas con igualdad de méritos, capacidad y publicidad, como marca la ley.
Así lo han reclamado este viernes en rueda de prensa el diputado regional de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, y el portavoz de este partido en Camargo, David Acosta, quienes además han requerido al Ayuntamiento que retire el recurso en el Tribunal Supremo.
En este sentido, los representantes de C's han recordado que el exalcalde popular Diego Movellán negó la relación laboral entre el Ayuntamiento y los voluntarios y el asunto acabó en el Juzgado de lo Social número dos de Santander que dio la razón a Inspección de Trabajo en febrero de 2014.
El Consistorio recurrió ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, quien ratificó la sentencia en marzo de 2015. Por este motivo, Movellán volvió a recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo "con el fin de ganar tiempo ante las elecciones municipales que se aproximaban", ha sostenido Carrancio.
Ante esta situación, Ciudadanos ha pedido que "se retire este recurso y se dejen de gastar recursos públicos únicamente encaminados a ganar tiempo. Y en caso de hacerlo, que el político lo sufrague con su propio dinero".
Según C's, esta cuestión lleva incumpliéndose en Camargo desde hace años y la Consejería de Presidencia "no parece muy dispuesta a corregir a pesar que la Ley le obliga a prestar asistencia jurídica".
Los representantes de Ciudadanos han recordado que fue en 2007 cuando un Ayuntamiento "de gobierno socialista" organizó el servicio "de forma ilegal". En concreto, creó un grupo de voluntarios dentro de Protección Civil para que ejercieran de bomberos voluntarios.
A partir de 2010, al convenio que del Gobierno que aportaba por este servicio al Ayuntamiento 250.000 euros anuales se sumó otro firmado por el Ayuntamiento de Astillero por 60.000 euros, además de otros 100.000 procedentes del Consorcio de Seguros.
Debido a esta situación intervino la Inspección de Trabajo, que determinó que existía relación laboral entre el Ayuntamiento y, al menos, 17 personas, entre ellas "cinco directivos, y alguna de las cuales se les abrió expediente de incompatibilidad al ser funcionarios (policías o guardias civiles) e incluso algún político que percibían dietas de 900 euros todos los meses", han dicho los miembros de C's.
La Corporación que sucedió a la del PSOE, del PP, no solo mantuvo "la ilegalidad", sino que "incluso pleitea para mantenerla".
Y la tercera Corporación, el cuatripartito actual, y por lo que C's "deduce de lo expresado en el Pleno del 2 de septiembre", no pretende "cambiar la situación de los voluntarios y actuar conforme marca la ley, sino sortearla mediante la bajada de las dietas y otras decisiones, todo ello bajo la atenta mirada de los sucesivos Gobiernos autonómicos donde se han ido alternando el PP y el Socialista con el PRC, convirtiéndose así en cómplices de la ilegalidad", han denunciado Carrancio y Acosta.
