Receso en el juicio para estudiar las cuestiones planteadas por la ddefensa de Higuera y López Marcano
SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La defensa del exdirector general de Cantur Diego Higuera plantea que Cantur no está legitimada para ejercer de acusación particular en el juicio por la contratación de la Casa de los Gorilas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que ha arrancado este lunes, y en el que también es acusado el exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte Javier López Marcano.
Esta es una de las cuestiones previas planteadas por las defensas en el juicio por la Casa de los Gorilas que ha arrancado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ha realizado un receso para deliberar sobre ellas.
Así el juicio contra López Marcano e Higuera se ha visto interrumpido a escasos minutos de comenzar, después de que la defensa de Higuera haya planteado que Cantur, como empresa perteneciente a la Administración, no puede ejercer de acusación particular en esta causa porque --dice el letrado-- su propio objeto social la limita para ejercer acciones de este tipo.
Además, las dos defensas, la de Higuera y la de López Marcano, han planteado que la declaración del exconsejero realizada en sede judicial durante la instrucción no se escucha.
También han señalado que el escrito de acusación de Cantur "excede con mucho" los hechos que se enjuician en la causa, con algunos incluso prescritos, y han reclamado que el interrogatorio a los acusados se limite únicamente a aquellos que forman parte de esta causa: las contrataciones realizadas para la ejecución de la Casa de los Gorilas de Cabárceno.
Además, la defensa ha solicitado nuevas pruebas documentales y testificales. Así, la de López Marcano ha pedido que se permita aportar una auditoria de Cantur realizada por la Intervención del Gobierno de Cantabria en 2005 y 2006.
Mientras, la que representa a Higuera ha pedido aportar las instrucciones internas en materia de contratación en Cantur; un documento del Gobierno regional en el que, según ha señalado, se acredita que Higuera no era alto cargo del Ejecutivo por lo que no puede ser sometido a la Ley de Incompatibilidades, así como las actas de los Consejos de Administración de la empresa pública entre 2003 y 2011, no aportados por la acusación particular a pesar de que les habían sido reclamados.
Como prueba testifical, la defensa de Higuera ha pedido que se llame como testigo al director de Compras de Cantur, Juan Carlos Carceller.
Tanto Fiscalía como la acusación particular se han opuesto a las cuestiones previas y pruebas planteadas por ambas defensas y la Sala ha decretado un receso de unos cuarenta minutos para deliberar.
EL JUICIO
López Marcano e Higuera se sientan desde este lunes en el banquillo por la contratación de la Casa de los Gorilas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, por la que la Fiscalía les acusa de delito continuado de prevaricación y pide para cada uno nueve años de inhabilitación de empleo o cargo público.
Por su parte, la empresa pública Cantur, que ejerce la acusación particular, califica los hechos como la Fiscalía y solicita una pena de ocho años de inhabilitación.
Está previsto que el juicio se desarrolle en siete sesiones, desde hoy hasta el martes 25 de marzo, en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el complejo judicial de Las Salesas.
Según relata el Ministerio Fiscal, Higuera y López Marcano, que cuando se construyó la Casa de los Gorilas era presidente de Cantur por su condición de consejero, e Higuera, entonces director de esta empresa pública, "obviando las exigencias legales de publicidad y libre concurrencia" contrataron entre junio de 2004 y enero de 2007, la redacción del proyecto, su dirección de obra, la coordinación de seguridad, su construcción y la del edificio anexo dedicado a cafetería, tienda y aseos por más de dos millones de euros.
Las obras, según el escrito del fiscal, se llevaron a cabo "sobre suelo no urbano y sin disponer de la autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), ni licencia de obras" y el edificio anexo se ejecutó "sin proyecto arquitectónico".
INCUMPLIMIENTOS DE LA LEGALIDAD "CLAMOROSOS", SEGÚN FISCALÍA
Para Fiscalía, esta actuaciones suponen un "claro incumplimiento" de la normativa vigente en el momento de los hechos sobre contratos de Administraciones Públicas que exige a éstas, o a sus organismos autónomos, que ajustes su actividad contractual "a los principios de publicidad y concurrencia", salvo que la naturaleza de la operación sea "incompatible" con éstos.
Considera que los acusados adjudicaron los contratos de los técnicos y de las constructoras del recinto en el que se alojan los gorilas de Cabárceno "con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos, incumpliendo las legislaciones vigentes, aplicables a la materia, de forma evidente, clamorosa y patente".
Por ello, considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación del que considera autores a los acusados, por lo que pide 9 años de inhabilitación para López Marcano y los mismos para Higuera, que tenía limitadas a 60.000 euros sus facultades de contratación.
La acusación particular que ejerce Cantur considera que los acusados llevaron a cabo las contrataciones para la Casa de los Gorilas "obviando" las exigencias legales y "sin el mínimo respecto de las más elementales reglas" del ordenamiento jurídico.
Entre otros aspectos sobre la obra, considera "insólito" que pese a encomendarse la dirección de la obra al arquitecto superior Eduardo Fernández bascal, las certifificaciones de obra sólo estén firmadas por el otro arquitecto en el proyecto, Juan Ignacio Cobo, y fueran aceptadas por Higuera y posteriormente por López Marcano.
Considera también que es "notable" la "falta de control" sobre la obra, ya que, según la acusación, no se controlaron los materiales de obra, dando Cobo, el visto bueno "a todo tipo de certificaciones", suscribiendo y ratificando "obras no ejecutadas".
MARCANO E HIGUERA DECIDIERON "ORILLAR" LA LEY, SEGÚN CANTUR
Para la acusación particular, López Marcano e Higuera, con su conducta, contravinieron, "expresa y conscientemente", los principios vigentes en el ámbito de la contratación en la Administración Pública, adjudicando la ejecución de la obra a Construcciones Queveda y la dirección del proyecto a Fernández Abascal por "puras preferencias personales", "sin razón alguna de oportunidad o de urgencia".
Sostiene que la norma vulnerada es "clara" y "plenamente conocida" por los acusados por lo que "no cabría en ningún caso alegar confusión interpretativa" ya que, a su juicio, es "notorio" que Higuera y López Marcano "deciden de forma orillarla y actuar al margen" de ella. "Estamos por tanto ante una ilegalidad severa, patente, flagrante y clamorosa".
Insiste en que ambos fueron "plena y cabalmente conscientes" de que su actuación era ilegal y decidieron "deliberadamente" y pese a la "magnitud del contrato contratar a Construcciones Queveda y a los arquitectos "al margen de cualquier procedimiento" para ello.
La acusación solicita como medida cautelar que, para garantizar el cumplimiento por parte de los acusados de sus responsabilidades pecuniarias, se abra pieza separada para determinar la situación económica de ambos para los abonos de las costas que se puedan causar en el procedimiento.
Por su parte, la defensa ha mostrado su "disconformidad" con los hechos expuestos por el Ministerio Fiscal y Cantur y sostiene que "no son constitutivos del delito" que se les imputa, por lo que pide la libre absolución.
