Desestimado el recurso de AVUTCAN al decreto de viviendas turísticas y estudiará recurrir el fallo

SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) contra el decreto que regula estos alojamientos en la región, del que pidió su nulidad, por lo que la normativa mantiene su vigencia.

En un comunicado, la asociación ha mostrado su "profunda" discrepancia con la sentencia y ha anunciado que estudiará recurrir el fallo en casación.

Según ha considerado, éste "deja abiertas" cuestiones de "enorme relevancia jurídica y práctica" para miles de titulares de viviendas de uso turístico en Cantabria. Uno de los aspectos que "más preocupa" a AVUTCAN es que la resolución, ha advertido, parece proyectar "una sombra de ilegalidad sobre una parte muy importante del sector".

Así, ha señalado que la Sala "reconoce que no tiene constancia de cuántas viviendas de uso turístico ilegales estaban funcionando" en el momento de entrada en vigor del Decreto, pero posteriormente "justifica la nueva regulación aludiendo a un gran número de viviendas que venían actuando ilegalmente en Cantabria". A su juicio, esta afirmación "resulta especialmente grave".

"No se puede tratar como sospechosas de ilegalidad a viviendas que fueron inscritas por la propia Administración en el Registro de Empresas Turísticas y que venían ejerciendo su actividad bajo la normativa vigente en ese momento", ha aseverado AVUTCAN.

Ha incidido en que los propietarios "no han actuado al margen de la Administración, sino precisamente siguiendo el procedimiento establecido por la autonómica, mediante declaración responsable e inscripción en el registro correspondiente".

Por ello, ha opinado que es "difícilmente comprensible" que ahora se presente al sector como "un problema de ilegalidad generalizada".

Además, ha indicado que la sentencia sostiene que no existe retroactividad prohibida porque la obligación de cumplir la legalidad urbanística ya existía, y que el decreto "únicamente introduce una nueva forma de acreditarla".

Sin embargo, AVUTCAN entiende que obligar a viviendas ya inscritas y en funcionamiento a presentar nueva documentación "bajo amenaza de cese de actividad, sí genera inseguridad jurídica y afecta directamente a la confianza legítima de quienes cumplieron las reglas que estaban vigentes cuando iniciaron su actividad".

La asociación ha matizado que no defiende situaciones irregulares, sino una regulación "clara, proporcionada y segura". Sin embargo, cree "inaceptable" que la "falta" de control previo o de coordinación administrativa pueda "terminar recayendo exclusivamente sobre los propietarios que actuaron de buena fe y conforme al sistema que la propia Administración había establecido".

IMPACTO ECONÓMICO Y RECURSO Asimismo, ha recalcado que la sentencia también rechaza los argumentos relativos al impacto económico del decreto, con los que discrepa. Al respecto, ha sostenido que la nueva regulación puede tener consecuencias "muy importantes" no solo para los titulares de viviendas, sino también para el turismo, el comercio local, la hostelería y la economía de muchos municipios cántabros.

Por todo ello, AVUTCAN ha avanzado que está estudiando la viabilidad de interponer recurso de casación, al entender que existen cuestiones jurídicas de interés general sobre la aplicación de nuevas exigencias a viviendas ya inscritas, además de la seguridad jurídica, la confianza legítima y los límites de la actuación administrativa.

Finalmente, ha incidido en que, actualmente, se están iniciando "múltiples" procedimientos contencioso-administrativos en distintos ayuntamientos de Cantabria, "muchos de ellos avalados por la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia urbanística y de uso turístico en otros territorios de España".

De este modo, espera que dicha línea jurisprudencial permita, en numerosos casos, obtener finalmente los certificados urbanísticos o de compatibilidad exigidos por los municipios.