Por discrepancias en la regulación de las autorizaciones administrativas de los parques eólicos, entre otras
SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central podría recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Aprovechamiento Eólico de Cantabria, como ha hecho con la Ley que prohíbe la técnica del 'fracking' en la Comunidad Autónoma, que se encuentra suspendida.
Ello dependerá del resultado de las negociaciones entre la Administración central y regional, que han acordado crear un grupo de trabajo para proponer una solución a las discrepancias manifestadas por el Estado en torno a una ley que el Parlamento de Cantabria aprobó a finales del año pasado pero que aún no ha entrado en vigor, ni lo hará hasta que no se apruebe el Plan de Sostenibilidad Energética (Plenercan).
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria ha notificado al Tribunal Constitucional el acuerdo adoptado en una reunión celebrada el pasado 28 de febrero, con el fin de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas por el Estado en relación con el Título II y la disposición adicional segunda de la Ley que regula el Aprovechamiento Eólico en Cantabria.
El Título II consta de tres capítulos en los que se regula la autorización administrativa de las instalaciones de parques eólicos, y la disposición adicional segunda establece que la planificación energética de la Comunidad Autónoma será aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno.
El acuerdo de la Comisión Bilateral, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), permite ampliar en varios meses el plazo en el que el Estado tendría que recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.
Es el mismo procedimiento que se siguió con la denominada Ley 'Antifracking' de Cantabria, que finalmente fue impugnada por el Gobierno central, y el que se ha iniciado con la Ley de Cooperativas de Cantabria, aunque en este caso el Gobierno regional ha asegurado que se trata de un cuestión "puramente técnica" que se va a solventar sin necesidad de llegar al Constitucional.
