El fiscal pide la excarcelación del autor del atentado de La Albericia

Podrían salir de prisión uno de los autores del atentado contra la casa-cuartel de Vic y el 'carnicero de Mondragón'

SANTANDER/MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a tres secciones de la Sala de lo Penal que acuerden la excarcelación de otros nueve presos etarras, entre ellos Iñaki Recarte, condenado por el atentado en la rotonda de La Albericia en 1994, en el que fueron asesinadas tres personas, y al que podía mantener en prisión hasta el año 2022 la Doctrina Parot, cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), informaron fuentes del Ministerio Público.

Recarte fue detenido el 18 de marzo de 1992 en el barrio bilbaíno de Deusto, acusado de haber formado parte de sendos grupos de apoyo a los comandos Donosti y Vizcaya, hasta que huyó a Francia, y de ser posteriormente integrante del 'comando Mugarri'.

Regresó a España en el mes de enero de 1992 con el encargo de la dirección de la banda de cometer atentados en Cantabria y Asturias.

Se encuentra en la prisión de Zaballa (Álava) cumpliendo una pena de 233 años por el asesinato de cuatro personas. Entre los atentados de los que fue declarado culpable, la Audiencia Nacional le acusó de haber activado el detonador de un coche bomba que dejó tres muertos y una veintena de heridos al paso de un furgón policial en Santander, en el barrio de La Albericia, en 1992.

En otro atentado, se jugó a cara o cruz con su compañero etarra quién dispararía a la víctima.

En 2009 fue expulsado del colectivo de presos por desobedecer las consignas de la banda y pertenece a la 'vía Nanclares', que agrupa a los exterroristas arrepentidos públicamente.

Recarte representa al sector disidente y ratificó el pasado 6 de agosto "su voluntad de colaborar cuando sea requerido para ello", según un auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en el que se le autoriza a salir también los fines de semana para trabajar en un bar que regenta en Navarra y poder así seguir pagando la responsabilidad civil derivada de sus atentados.

Se trata de una ampliación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (que permite flexibilizar e individualizar el cumplimiento de la pena privativa de libertad) que ya venía disfrutando pese a que el preso había solicitado la concesión de un tercer grado.

La Audiencia Nacional adoptó esta decisión argumentando que Recarte venía pagando 100 euros al mes en concepto de indemnizaciones gracias a su negocio que ha tenido "problemas económicos" y por tanto necesitaba salir a trabajar también los fines de semana "ya que eso evitaría contratar personal en esos días de más trabajo y por tanto cubriría mejor las responsabilidades civiles". El juez puso como requisito para salir los fines de semana acreditar esta actividad laboral, según el auto recogido por Europa Press.

El 14 de noviembre de 2010 escribió lo siguiente: "Considero totalmente ilegítimo, cuando menos, la utilización y justificación de la violencia para la obtención de un fin político y no político. La violencia en si misma es un error, máxime en una sociedad pacífica y democrática como es la nuestra. No existe razón alguna que justifique las barbaridades que en nombre de ETA muchos ciudadanos henos cometido durante décadas".

"Pido perdón a las familias de las víctimas que causé, entiendo lo duro y casi imposible que tiene que resultar convivir con ello y perdonar a quien te ha destrozado la vida para siempre (...) Jamás volveré a utilizar la violencia contra otro ser humano. Tampoco justificaré ésta ni callaré frente a quien persiste en ella, mi otro gran error en la vida", añadía.

NUEVE ETARRAS Y CUATRO GRAPO

Además de la excarcelación de los nueve etarras, la Fiscalía solicita también la de cuatro miembros de los GRAPO a los que se aplicó la 'doctrina Parot'.

Entre los presos que previsiblemente serán excarcelados se encuentran Juan José Zubieta Zubeldia, condenado por el atentado contra la casa-cuartel de Vic (Barcelona) en 1991, en el que murieron diez personas, entre ellas cinco niños; y Jesús María Zabarte, conocido como el 'carnicero de Mondragón', al que se atribuyen un total de 17 asesinatos.

El Ministerio Público, que dirige sus peticiones a las Secciones Primera, Segunda y Tercera de la Sala de lo Penal, también reclama la salida de prisión de Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias 'Paterra', miembro del 'comando Araba' de ETA condenado por 14 asesinatos.

El resto de etarras para los que se solicita la salida de la cárcel son Javier María Goldaraz Aldaya, Miren Maitane Sagastume Arrieta, Joaquín Urain Larrañaga, José Ignacio Etxeberria Pascual y Luis María Lizarralde Aguirre.

La Sala de lo Penal también tendrá que decidir sobre los miembros de los GRAPO Guillermo Vázquez Bautista, María Jesús Romero, Jaime Simón Quintela y Encarnación León Lara.

En sus peticiones, el teniente fiscal, Jesús Alonso, solicita la "puesta en libertad" de estos reclusos y que se declaren "extinguidas" sus responsabilidades penales, en vista del acuerdo adoptado el pasado día 12 por el Tribunal Supremo en el que ordenaba que los tribunales sentenciadores en cada caso ejecutaran la resolución del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'.

De esta forma, se elevaría a 39 el número de asesinos excarcelados por la Audiencia Nacional desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo condenara a España a indemnizar a la etarra Inés del Río por aplicarle de forma retroactiva la 'doctrina Parot'.

De ellos, 33 son miembros de la organización terrorista ETA y cinco de los GRAPO, a los que hay que sumar el almeriense Pompeyo Miranda, que fue condenado en Bolivia por varios asesinatos.