SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno regional ha asegurado que comparte con el Partido Popular la necesidad de presentar al Parlamento un proyecto de Ley de Montes de Cantabria para adaptar la legislación básica del Estado a las peculiaridades de la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, en un comunicado, ha precisado que no comparte el "objetivo" que, a su entender, "persigue" la oposición con la aprobación de esta norma que es "otorgar propiedades privadas de porciones de un bien de dominio público". "La aprobación de una ley regional no puede legalmente otorgar la titularidad de las parcelas", señaló la Consejería.
De este modo, el departamento que dirige Jesús Oria dejó clara su postura ante el anuncio del Grupo Parlamentario Popular de presentar una proposición no de Ley para instar al Gobierno a presentar de manera urgente la Ley regional de Montes.
La Consejería aseguró que "no tiene inconveniente" en presentar un proyecto de Ley para adaptar la legislación autonómica a la básica estatal. La prueba de ello, según dicen, es que ya lo ha hecho con otras tres leyes "de vital importancia": la Ley de Conservación de la Naturaleza, la Ley de Caza y la Ley de Pesca Continental.
La consecuencia del objetivo del PP es, según explicó la Consejería, la "vulneración" de la legislación básica estatal en materia de montes y del patrimonio de las administraciones públicas que establece claramente "la imposibilidad de adquirir privativamente los Bienes de Dominio Público, como muy bien sabe el PP".
Por tanto, desde la Consejería apelan a la "responsabilidad" de la oposición que "no debe crear falsas e ilegales expectativas a los ciudadanos cántabros con la próxima aprobación de una Ley que no puede otorgar propiedades de forma ilegal".
Por ello, desde el departamento que dirige Jesús Oria invitan a todos aquellos ciudadanos que tengan documentación que acredite la posible titularidad de enclaves en Montes de Utilidad Pública, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Montes Estatal de 2003, a que "utilicen los mecanismos legales previstos para hacer valer sus derechos".
En muchos casos, esos derechos están siendo reconocidos mediante la presentación de Reclamaciones Previas a la Vía Civil, que serán estudiadas y resueltas por la Administración Regional de acuerdo con los criterios legales fijados, según explicó la Consejería. "Los servicios jurídicos regionales trabajan rigurosamente en esta labor con el fin de dar soluciones y alternativas en aquellos casos que legalmente sea posible", apostilló.
"MÁS QUE DUDOSA"
El Ejecutivo aclara que existen, sin embargo, "otros supuestos" cuya viabilidad es "más que dudosa", como es el caso de aquellas personas que han ostentado derechos de uso y disfrute de aprovechamientos durante un periodo de tiempo más o menos largo que no son equiparables al derecho de propiedad.
Por todo ello, la Consejería manifestó su "sensibilidad" con un problema en el que "no existe incertidumbre, sino pérdida de unos derechos que pueden recuperarse de otro modo en el marco de la legalidad vigente".
"Estamos convencidos de que nuestros montes necesitan del cuidado de los habitantes del mundo rural, como ha venido ocurriendo hasta nuestros días, para conseguir armonizar el desarrollo rural con la conservación de nuestro patrimonio natural y forestal y así lo plantearemos ante nuestro Parlamento, ofreciendo soluciones pero sin crear falsas expectativas ni engañar a nuestros ciudadanos, como pretende hacer el señor Diego y el PP", concluyó la Consejería.