Gobierno cántabro y Ayuntamiento ponen en marcha un piso supervisado para familias en riesgo de exclusión social

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga, y el alcalde de Laredo, Santos Fernández Revolvo, han firmado hoy un convenio de colaboración entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento para la atención a usuarios de servicios sociales.

Lo harán mediante la puesta en marcha de un piso supervisado destinado a las familias en riesgo de exclusión social del municipio, piso que será utilizado por los ciudadanos que proponga el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), organismo dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social que dirige Gorostiaga.

El Gobierno cántabro recordó en un comunicado que desarrolla en Laredo programas de intervención con familias en riesgo de exclusión a través del Centro Territorial de Servicios Sociales y de la actuación de los Equipos de Intervención del ICASS.

Este departamento hará el seguimiento de las familias que se alojen en el piso, realizando las intervenciones que sean precisas e informando del cumplimiento de objetivos por los usuarios, con una periodicidad acordada entre los técnicos del Ayuntamiento y los responsables del Centro Territorial, al menos semestralmente.

Para ello, el Instituto se encarga de proponer al Ayuntamiento la relación de posibles usuarios, empadronados en el municipio de Laredo; la intervención que se prevea realizar, y previsión de duración de la ocupación del piso, justificando adecuadamente los criterios que aconsejan su alojo y los objetivos que con ello se persiguen.

Por su parte, el Ayuntamiento abonará el seguro de hogar, el consumo de agua, energía y el mantenimiento de la vivienda; gastos de comunidad, tasas, impuestos o cualquiera que surja de la utilización del inmueble.

Los gastos podrán ser repercutidos parcialmente en los usuarios del piso, cuando el programa de intervención lo considere adecuado o la situación del usuario se normalice, y así lo aprecie el técnico responsable.

La resolución se establecerá en consideración a la capacidad económica de los usuarios y las especiales necesidades que existan en la intervención.