parque eólico
EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 12 noviembre 2012 21:41

Se compromete a hacer lo "imposible" para "minimizar" las consecuencias de la anulación del "embrollo" causado por PRC-PSOE


SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria cree que "todas" las empresas adjudicatarias del concurso eólico, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) van a pedir indemnizaciones al Ejecutivo regional, algunas "millonarias", y se compromete a "hacer lo imposible" para "minimizar" los efectos del "embrollo" causado por el anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

Así lo ha asegurado en el Pleno de este lunes el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Deporte, Eduardo Arasti, quien, en una interpelación del PP sobre los efectos de la anulación del Ejecutivo regional ha vuelto a censurar la actuación de socialistas y regionalistas en el concurso eólico y ha afirmado que lo que iba a ser un "hito", según el PRC y PSOE, se ha convertido en un "fiasco" que "va a condicionar" el desarrollo eólico de la comunidad autónoma.

Arasti ha reprochado al anterior Gobierno regional que sustentase lo que supuestamente iba a ser, según el propio bipartito (PRC-PSOE), el proyecto que iba a suponer el cambio de modelo productivo de Cantabria en "cimientos cuestionables e ilegales".

En contradicción con lo que afirmó el regionalista Miguel Ángel Revilla al conocer la anulación del concurso eólico reconociendo que quizás la "celeridad" por aprovechar el nicho de las energías renovables llevó a cometer, de forma inconsciente, algunos incumplimientos, Arasti ha recordado que durante el gobierno del bipartito PRC-PSOE no se puso "ni un sólo" molino eólico.

Tampoco se ha mostrado de acuerdo con el expresidente regional en que la anulación del concurso eólico por parte del TSJC no afecta "en nada" pues, según dijo el secretario general del PRC, el nuevo Gobierno del PP ya lo había echado atrás.

"Claro que va a afectar, muchísimo", ha aseverado el consejero de Industria, quien, además, ha asegurado que el PP no fue el que echó atrás el concurso eólico, sino los propios servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria cuando gobernaban socialistas y regionalistas.

Por otra parte, durante el debate, tanto la diputada 'popular' María Antonia Cortabitarte, encargada de presentar la interpelación, como el consejero, han reprochado a regionalistas y socialistas que se gastasen 314.500 euros en dos autobuses para informar y promocionar el concurso éolico por las zonas afectadas.