Gobierno dice que su objetivo es "despolitizar y adaptar" la atención de la violencia de género a las necesidades reales

SANTANDER, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha señalado que el Gobierno de Cantabria está "despolitizando" la gestión y los servicios de los centros de atención a la violencia de género y "adaptándoles" a las "necesidades reales" de las mujeres. Ha garantizado que los centros permanecerán abiertos y ha anunciado la próxima puesta en marcha de un nuevo piso tutelado.

Díaz ha arremetido en rueda de prensa contra la "campaña orquestada" por PRC y PSOE para crear "incertidumbre" entre las mujeres que hacen uso de estos servicios, lo que desde su punto de vista constituye una muestra de "carencia de escrúpulos políticos".

La titular de Presidencia y Justicia ha manifestado que los servicios van a "permanecer abiertos", frente a lo que han venido denunciando PRC y PSOE, y además "se van a mantener con la máxima prestación de calidad y con un aumento en el número de plazas".

A su juicio, las denuncias que los partidos de la oposición vienen realizando en el último mes "no se corresponden con la realidad" y además son unas críticas "políticas" con "perjuicio a terceros", en concreto, a las víctimas de violencia de género que han podido pensar que a partir del 1 de enero "no iban a tener piso donde estar o profesionales que las atendiesen".

Diaz ha detallado que el Ejecutivo regional lo que está haciendo es "adaptar los recursos y servicios a las necesidades de las mujeres, al contrario de lo que venía sucediendo", ya que el anterior Ejecutivo lo que estaba haciendo era "adaptar las necesidades de las víctimas a los recursos y a los intereses de las entidades que los gestionaban".

En este sentido, Díaz ha señalado que lo primero que se está haciendo es "despolitizar la gestión de los centros y servicios", ya que la política estaba "instaurada en éstos", ha denunciado.

Esta denuncia la ha ejemplificado con un documento, publicado en el BOC en junio de 2011, a través del que la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social repartía dinero a la Asociación Consuelo Berges, CAVAS, Quemia y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl para la prestación de servicios a las víctimas de violencia de género alegando que eran "las únicas organizaciones" de estas características en la región, así como que cumplían los requisitos de experiencia y formación.