Zuloaga insiste en la postura del Gobierno de que "todos los pasos" dados en la tramitación del proyecto "aseguran la viabilidad del mismo"
SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno regional "acata" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de paralizar cautelarmente las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera y aún no ha decidido si recurrirá la decisión judicial, conocida ayer, miércoles.
"El Gobierno tiene que analizar las circunstancias que han llevado al juzgado a tomar esta decisión y será la Consejería de Obras Públicas la que traslade al Consejo de Gobierno cuáles son los siguientes a dar", ha afirmado este jueves el vicepresidente del Gobierno regional, Pablo Zuloaga (PSOE), al ser preguntado acerca de si el Ejecutivo se plantea recurrir el auto del TSJC de paralización cautelar de las obras por posible afectación a valores medioambientales protegidos y riesgo de daño en la zona donde se construye este proyecto.
La paralización temporal de la ejecución de la actuación decidida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en un auto se ha doptado tras la denuncia de Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que integran la Plataforma contra el Superpuerto.
Dicha agrupación ecologista pidió la paralización de las obras ante la posibilidad de que el daño que produzcan las obras fuera irreparable cuando finalice la denuncia contra el proyecto, una solicitud que el TSJC ha atendido para evitar esos perjuicios.
Y es que la infraestructura se construye sobre el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 'Rías Occidentales y Dunas de Oyambre', área que también fue declarado Zona de Especial Conservación, además de sobre terrenos integrados en el Plan de Ordenación del Parque Natural de Oyambre.
Así, aunque el Ejecutivo regional consideró en la Declaración de Impacto Ambiental que no se producían afecciones, el TSJC precisa que esto no supone "sin más" la viabilidad ambiental del proyecto.
En el auto del TSJC se enumeran distintos efectos sobre el medio ambiente de este proyecto, como los dragados para la zona de atraque y los canales de acceso de las embarcaciones, con la consiguiente afección a los fondos marinos, además del propio uso del puerto, que puede causar la contaminación de las aguas con los combustibles.
Se remite además a un informe en el que se advierte de que el proyecto "destruye" dos hábitats de interés comunitario.
Cuestionado acerca de la medida decretada por el TSJC, Zuloaga ha afirmado que "sobre una decisión judicial pocas valoraciones" puede hacer el Consejo de Gobierno "más allá de acatarlas y asumir las consecuencias".
Sí ha mantenido que desde el Gobierno se considera que "todos los pasos" dados en la tramitación del proyecto del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera "aseguran la viabilidad del mismo", algo que ya defendió ayerr el titular de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el regionalista José Luis Gochicoa.
Zuloaga ha explicado que en el Consejo de Gobierno, Gochicoa ha expuesto el "planteamiento inicial" sobre los pasos a seguir tras la decisión juicial.
El vicepresidente del Gobierno ha aludido al incidente de ejecución que va a solicitar el Ejecutivo al TSJC para poder concluir las aceras del paseo marítico --algo anunciado ya por Gochicoa ayer-- con el objetivo de evitar cualquier tipo de riesgo innecesario para los vecinos y turistas de la zona, especialmente de cara al verano.
Zuloaga ha explicado que cuando se ha conocido la decisión del TSJC se estaban ejecutando las obras de consolidación de la escollera del paseo marítimo de San Vicente, lo que hace que esta zona esté a día de hoy levantada.
El vicepresidente ha señalado que el Gobierno, con la solicitud que planteará al TSJC, pretende garantizar la "integridad" del paseo y la seguridad de los viandantes.
En este sentido, Zuloaga ha explicado que esta actuación que se va a solicitar no afecta a la zona del LIC de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre sino al entramado urbano de San Vicente de la Barquera.
El vicepresidente regional ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa de los acuerdos del Consejo de Gobierno.
VALORACIÓN DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
En otra rueda de prensa anterior, también ha sido cuestionado sobre este asunto, el consejero de Medio Ambiente, el regionalista Guillermo Blanco, quien ha expresado su respeto a la paralización cautelar decretada por el TSJC y espera una "pronta resolución" judicial sobre las obras.
Y es que el consejero ha afirmado que el auto del TSJC no entra en el fondo sobre la actuación del puerto deportivo en sí, sino que decide la paralización cautelar de las obras a raíz de la denuncia de Ecologistas en Acción en relación al proyecto.
