Archivo - El alcalde de Ramales de la Victoria, César García (PSOE), ante el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA - Archivo
SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria (PP) ha requerido formalmente al Ayuntamiento de Ramales de la Victoria para que este miércoles, 11 de noviembre, garantice la apertura de las instalaciones municipales en las que se ubica la Oficina Comarcal del Ejecutivo autonómico, con el fin de asegurar la prestación de los servicios mínimos fijados para la jornada de huelga general convocada por CCOO y UGT.
Con carácter previo a la remisión del requerimiento y ante la cartelería municipal que anunciaba el cierre de las instalaciones, el Gobierno informa que se han mantenido contactos con el alcalde de Ramales de la Victoria, César García (PSOE), para trasladarle la necesidad de mantener abiertas las dependencias que acogen la Oficina Comarcal del Gobierno de Cantabria y así garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos.
Ante la "negativa" del Ayuntamiento a adoptar esta medida, los Servicios Jurídicos de la comunidad han procedido a formalizar un requerimiento previo en defensa de las competencias autonómicas y de la adecuada prestación del servicio público a los ciudadanos.
Así, ante la convocatoria de huelga, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 80/2026, de 5 de noviembre, por el que se establecen los servicios mínimos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
En el caso de la Oficina Comarcal de Ramales de la Victoria, el decreto autonómico determina la presencia de un agente de apoyo e información como servicio mínimo para asegurar la atención a los ciudadanos durante la jornada de huelga.
Sin embargo, el Ayuntamiento ha anunciado mediante cartelería colocada en sus dependencias el cierre de las instalaciones municipales durante todo el 11 de noviembre.
Para el Gobierno de Cantabria, esta decisión "impediría el normal desarrollo de los servicios mínimos acordados y comprometería la atención pública que debe prestarse a los vecinos y ganaderos de la comarca".
Por este motivo, la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno cántabro ha remitido un requerimiento previo al Ayuntamiento, instándole a adoptar las medidas necesarias para que no se impida la actividad de la Oficina Comarcal ni el desempeño de las funciones asignadas al personal designado para los servicios mínimos.
El Ejecutivo autonómico recuerda en su escrito que el derecho de huelga debe compatibilizarse con la garantía de los servicios esenciales y con el derecho de aquellos trabajadores y empleados públicos que libremente decidan no secundar el paro.
Asimismo, considera que el cierre anticipadamente anunciado de las instalaciones municipales "carece de cobertura en los supuestos legalmente previstos y podría impedir el cumplimiento efectivo de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno para asegurar la continuidad de la actividad administrativa y preservar la correcta prestación del servicio público".
