La consejera apuesta por reducir la Administración y crear las condiciones "óptimas" para que las pymes generen "riqueza y empleo"
SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, Leticia Díaz, confía en que en el próximo año 2013 se haya "levantado la quiebra" en la empresa 112 Cantabria, el antiguo SEMCA, gracias al cambio en el modelo de gestión y organización de esta entidad que arroja una situación "bien distinta" a la anterior.
En una entrevista concedida a RNE, en la que participó Europa Press, Díaz recordó que cuando el PP llegó al Ejecutivo, hace año y medio, la empresa estaba "en quiebra", ya que gastaba "mucho más" de lo que ingresaba, correspondiendo el 80% de ese gasto a las nóminas, puesto que en los últimos años se había incrementado el número de efectivos.
Tras recordar que al plantear el ERE se vivieron momentos de "mucha tensión" pues es un colectivo "muy reivindicativo", la consejera ha valorado que se solventó la situación sin "un solo despido de ningún bombero", ya que con motivo de la reestructuración de la empresa se prescindió de cuatro trabajadores de otros ámbitos.
En este sentido, ha reconocido el "esfuerzo extraordinario" de los bomberos, que optaron por bajarse el sueldo un 15% para evitar los despidos y hacer viable la empresa.
La consejera se ha referido también a la reforma estructural del conjunto de la Administración pública, y a la necesidad de acometer cambios que se quedaran en un "ahorro puntual", como puede ser la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios.
Así, se está intentando diseñar un nuevo modelo basado, por ejemplo, en una mayor transparencia y agilidad en los procesos de contratación, ya que los mecanismos ordinarios "son muy poco ágiles".
También se ha apostado por flexibilizar el trabajo de los empleados públicos, ya que "no puede ser" que haya siempre el mismo número de efectivos en las distintas unidades cuando en determinados momentos del año hay "más trabajo" en una área concreta y hay, por tanto, que "reforzar" esa actividad.
En este punto, Díaz ha recordado que la Ley para ejecutar el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos introducía que todos los puestos no singularizados, como conductores o administrativos, pasan a depender de los secretarios generales de cada consejería, de modo que se van a poder "reasignar" y "ordenar" entre los distintos departamentos.
A juicio de la consejera, se debe reducir la Administración, es decir, que sea "más pequeña", pero al mismo tiempo hay que crear las condiciones "óptimas" para que las pymes generen "riqueza y empleo". Sobre este asunto, ha reconocido que esto resulta "muy traumático", ya que en España "no estábamos acostumbrados" a reducir este ámbito, sino que en los últimos años "ha sucedido lo contrario", es decir, que se ha "engordado" la administración y se han creado "infinidad" de empresas públicas. "Es el mundo al revés", ha apostillado la consejera. "Ahora, ¿cómo invertimos esa pirámide?", se ha preguntado.
La titular de Presidencia y Justicia se ha referido también a la creación de una oficina "muy criticada", la de supervisión del gasto público, que empezará a funcionar de "inmediato". Ha defendido al respecto que lejos de ser un "gobierno paralelo", es un instrumento "al servicio de todas las consejerías" para canalizar gastos y generar ahorros.
A modo de ejemplo, se ha referido al contrato del suministro eléctrico, con el que el Gobierno conseguirá ahorros "muy notables" --del 16%, ha puntualizado-- en relación al actual contrato, lo que es destacable "con la que está cayendo", con una subida tarifaria "importantísima".
TASAS JUDICIALES
Por otro lado, la consejera se ha referido a la contestación social de jueves, fiscales y abogados a medidas como las tasas judiciales, respuesta que ve "normal". "Los propios votantes del PP no están de acuerdo" y "los gobernantes estaríamos encantados de no aplicar medidas tan gravosas", ha reconocido, antes de preguntarse "¿cómo pagar lo que debemos?".
"A mí no me gusta. ¿Cómo me va a gustar? Ni como profesional de la justicia ni como ciudadana", ha admitido Leticia Díaz, consciente de que parte de la sociedad debe pagar la "justicia gratuita" de que goza el resto de ciudadanos.
Sobre esta cuestión, ha criticado la "excesiva lentitud", ya que muchos ciudadanos tienen la sensación de que "la justicia no les llega a tiempo". Este problema radica a veces, según ha explicado, a que existen "muchos pleitos" que no deberían estar judicializados. "¿Nos puede costar mil, dos mil, tres mil euros un pleito de cien"?, ha reflexionado.
Con todo ello, y para finalizar, la consejera ha lamentado que con motivo de las protestas "se rompa el diálogo", más en una época en la que se precisan políticos y personas "de altura", que sean "capaces de conciliar" y "ponerse de acuerdo" para intentar salir de la situación "de emergencia" actual.
