SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Ley de supresión del impuesto de sucesiones y donaciones ha incorporado dos enmiendas del PP, de carácter técnico, en su paso por la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, que ha estudiado el informe de la Ponencia y las enmiendas, en el que es el último trámite antes de su votación y aprobación por el Pleno, en una sesión extraordinaria el próximo 10 de enero.
El Grupo Popular ha rechazado las 16 enmiendas parciales presentadas por la oposición (inicialmente, 11 del PRC y cinco del PSOE), con la que estos grupos perseguían dotar de claridad al texto y de progresividad a la reforma.
El PP considera, según ha defendido el diputado Luis Carlos Albalá, que el patrimonio familiar ya ha sido "suficientemente gravado" a través de fórmulas como el IRPF u otros impuestos, además de matizar que la reforma no afecta a "grandes fortunas" sino a "pequeños patrimonios" que ya han tributado y que sufrirían una "injusticia" si se les impusieran nuevos gravámenes.
Desde el PRC, Alodia Blanco ha rechazado que si se gravan las grandes fortunas, acaben por irse. "Pero si se quedan, tampoco vamos a cobrar el impuesto", ha apostillado, con lo cual "nunca" se podría ingresar el dinero "suficiente", lo que le ha llevado a calificar la propuesta del PP de "injusta".
Los socialistas abogaban por una fiscalidad "mucho más justa", como ha señalado su portavoz Rosa Eva Díaz Tezanos, quien ha negado la tesis de que "bajar los impuestos incremente el consumo y que esto favorezca el empleo", pues considera que la supresión de impuestos a grandes herencias se dirigiría al ahorro y no al consumo, con lo que "lo que estamos haciendo con esta medida es ayudar a los que reciben grandes herencias y a los que tienen grandes rentas, que de esta manera, pues las tendrán todavía un poquito mayores".
REFORMA
A través de este proyecto de ley, el Gobierno de Cantabria va a rebajar en un 99 por ciento el gravamen de las transmisiones por muerte y donaciones en vida entre padres, hijos y cónyuges. Según sus estimaciones, la Administración regional dejará de ingresar 1,5 millones de euros con esta modificación.
La eliminación del impuesto tiene dos partes, que afectan a las transmisiones por muerte y donaciones en vida. La primera afecta a las transmisiones mortis causa, por las que el caudal hereditario de la persona fallecida pasa a sus descendientes. En este caso, se establecen dos modificaciones, una dirigida a las familias y otra destinada a facilitar la transmisión de empresas.
Respecto de las familias, se establece una bonificación del 99 por ciento de la cuota tributaria en las adquisiciones de los ascendientes y descendientes directos, incluyendo a las parejas de hecho inscritas en el Registro autonómico. Además, se establecerá una reducción autonómica de la base imponible en la transmisión de una empresa, también del 99 por ciento, no sólo a ascendientes y descendientes directos, sino a quien va a heredar la empresa.
La segunda parte de la modificación está relacionada con las trasmisiones inter vivos, con dos líneas, una, que afecta a las donaciones de dinero para crear empresas, en la que se fija una bonificación del 99 por ciento en la cuota tributaria hasta los primeros 100.000 euros en metálico donados a los grupos 1 y 2 para la puesta en marcha de una actividad económica, la adquisición de una ya existente o de participaciones en sociedades con determinados requisitos, mejorando e incrementando las condiciones que había hasta ahora.
Cuando la empresa que se va a donar aumente su plantilla en los últimos 12 meses o bien se van a crear puestos de trabajo, la base imponible se incrementa hasta 200.000 euros, con el requisito de que los puestos de trabajo se mantengan dos años. Por otro lado, la modificación incluye un incremento de la reducción del 99 por ciento en la base imponible del valor de adquisición para la transmisión de las propias empresas.
El Consejo Económico y Social (CES) dictaminó desfavorablemente el proyecto de Ley al considerar que la supresión del impuesto de sucesiones implica "una grave discriminación fiscal" y originaría "un desigual e injusto reparto de las cargas tributarias". El PSOE solicitó su devolución al Gobierno a través de una enmienda a la totalidad con texto alternativo que no prosperó.
