Actualizado 19/04/2010 19:59 CET

Medio Ambiente impulsará la Estrategia Nacional para acabar contra el uso ilegal de cebos envenenados

El Gobierno de Cantabria aporta al Proyecto LIFE+ un total de 40.000 euros

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director el director general de Política Forestal y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), José Jiménez, señaló hoy la "firme voluntad de actuar" impulsando la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural y el Grupo de trabajo de ecotoxicología, porque "la conservación de la biodiversidad pasa por la erradicación del veneno".

Durante la presentación del Proyecto LIFE+ 'Acciones para la lucha contra el uso ilegal de veneno en el medio natural en España', la directora de la Fundación Biodiversidad, Ana Leiva, aseguró que en el Año de la Biodiversidad, el uso ilegal del veneno es "uno de los mayores problemas" de tipo medioambiental porque, a su juicio, es "imperdonable que todavía se use veneno contra especies emblemáticas".

Así, subrayó que contar en España con un proyecto de este tipo es "bueno" para poner sobre la mesa un "problema" contra el que se deberá trabajar "mucho y bien".

En ese contexto, el director ejecutivo de SEO/Birdlife, Alejandro Sánchez, explicó que con el Proyecto LIFE+ de la Unión Europea se espera poder "reactivar y aunar esfuerzos en la lucha contra esta "lacra" que, en lo transcurrido de 2010, ha provocado ya la muerte de, al menos, cinco águilas imperiales, diez milanos reales, cuatro buitres negros y tres alimoches, a las que se suman otros 3 milanos reales más este fin de semana. Precisamente, lamentó que estas especies están protegidas y que de cara a su conservación se realizan "grandes esfuerzos" que luego se ven "truncados por una práctica que es delito desde 1996".

Asimismo, explicó que el citado Proyecto LIFE+, cofinanciado por la Comisión Europea, tiene como objetivo principal reducir de forma significativa el uso ilegal del veneno en España para lo que se iniciarán "experiencias innovadoras", se elaborarán planes y protocolos de actuación en al menos siete comunidades autónomas, se realizará formación especializada contra el veneno a agentes forestales en cinco comunidades autónomas y dos cabildos insulares, entre otras acciones.

El Proyecto LIFE+, que la Comisión Europea ha decidido cofinanciar después de 1,5 años de tramitación, cuenta con un presupuesto total de 1.672.020 euros para el periodo 1 de enero de 2010 - 31 de marzo de 2014, de los que la institución comunitaria aportará el 38,68 por ciento.

Por su parte, SEO/Birdlife --coordinador del proyecto-- aportará el 53 por ciento (61.381 euros); y como beneficiarios asociados, la Fundación para la Conservación de los Buitres destinará 31.000 euros, el 21,81 por ciento, y la Junta de Castilla-La Mancha, un total de 352.902 euros (24,74 por ciento). Como cofinanciadores, la Fundación Biodiversidad destinará 300.000 euros; el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 150.000 euros; el Cabildo de Fuerteventura, 50.000 euros; y el Gobierno de Cantabria y la Junta de Andalucía, aportarán 40.000 euros, respectivamente.

Como resultado de estas actuaciones se pretende mejorar la detección de casos, reducir la impunidad, identificar sustancias tóxicas que podrían afectar a la fauna, buscando alternativas, mejorar la venta de productos tóxicos y obtener mayor implicación de la sociedad sobre el problema. "Notamos cierta relajación en la sociedad. No hay sensación pública de que esto sea algo a perseguir", añadió Sánchez.

Por otro lado, el vicepresidente de la Fundación para la Conservación de los Buitres, Juan José Sánchez, reclamó mayores medidas de disuasión para evitar la utilización ilegal del veneno como mayores compensaciones a los agricultores y ganaderos, por ejemplo para evitar las agresiones de especies como el lobo a los rebaños porque, en su opinión,, las compensaciones al ganadero por daños de lobo "llegan tarde", más o menos 1,5 años después y esto evita que el ganadero siga poniendo veneno. "Es una buena herramienta, pero se utiliza mal. Deberían marcarse plazos de tres o cuatro meses para el pago", apostilló.

Finalmente, subrayó la importancia de la colaboración con las asociaciones y federaciones de cazadores y de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia civil en la lucha contra el veneno ilegal.