Los peritos no encuentran "certezas" sobre que los siete acusados descapitalizaran 'Royal Palace'

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los peritos no han encontrado "certezas" ni "conclusiones certeras" que involucren a los siete acusados de descapitalizar la sociedad 'Royal Palace' -propietaria de una discoteca y un puben Torrelavega que clausuró sus puertas- a tenor de los documentos que han manejado, ante la falta de documentación acreditativa, como "los libros contables".

Así lo expusieron los cinco peritos nombrados para el caso de presunto fraude y estafa continuada que se viene juzgando desde el pasado día 15 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, contra el que fuera administrador de la sociedad, José María G.R., su hermano Valentín G.R., la mujer e hijos de éste, y los dos letrados de la sociedad, quienes sólo son acusados por el Ministerio Fiscal.

Uno de los peritos afirmó que a raíz de la documentación que estudió, en la que faltan los libros de los interventores judiciales, hay apuntes bancarios del negocio 'Nenes', propiedad de Valentín G.R., procedentes "de dinero Royal", estableciéndose "operaciones cruzadas" entre los ingresos de "la familia" y de la tienda.

Otro de los expertos mercantiles dejó bien claro que necesita "una contabilidad para saber si había desviación de fondos", lo que fue ratificado por el tercer experto en explicar su pericia ante la Sala, cuando afirmó que "el destino de los cheques no se puede saber porque no hay contabilidad".

"Para mí es temeroso establecer una relación directa", aseguró este perito, sobre desviación de fondos del Royal, aunque "lo que sí existe es financiación externa" en el negocio 'Nenes'.

"Algo raro ha pasado", expuso otro de los peritos, respecto a que cuando Luis Casero ejerció de adminsitrador los ingresos contabilizados de la discoteca eran "superiores" a cuando ejerció como tal Gerardo Ceballos.

En el turno de las conclusiones finales, la Fiscalía elevó a definitivas la petición de una treintena de años de prisión para los siete procesados.

ADMINISTRADOR JUDICIAL 'A DEDO'

En concreto, el Ministerio Público alega que fue en diciembre de 1989, cuando se nombró como administrador a José María G.R., cargo que ejerció hasta 1996, cuando se llevó a cabo entre los procesados "un plan para tener controlada la gestión y administración de la sociedad, generando a su favor títulos de créditos contra la sociedad, y así, en un momento dado, interesar el nombramiento del administrador judicial que ellos quisieran, y subsidiariamente descapitalizar a la sociedad, en beneficio propio".

Respecto al papel de los letrados acusados, según la fiscal, "salvo los once millones de pesetas que se reconocen deber a Ángel D.DE. en el expediente de suspensión de pagos número 244/91", en "el resto de cantidades reconocidas tanto a Elías P.SM. como a Ángel D.DE., letrados de la sociedad, carecen de soporte documental que las justifique".

Por su parte, las acusaciones elevaron a definitivas también sus calificaciones contra los cinco miembros de la familia -no contra los letrados, a quienes no acusan-, con penas que superan, paar uno de los letrados, los 50 años de cárcel conjunta.

Las Defensas también esgrimieron la petición de absolución para sus clientes, al considerar que no realizaron delito alguno, si bien uno de los letrados expuso que, en cualquier caso, cabe alegar una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas porque "la tramitación ha sido totalmente nefasta".

El juicio, que estaba previsto que terminara hoy, se reanudará mañana, a partir de las 10.00 horas, ya que no dio tiempo a las partes a defender sus informes finales.