Piden 430.000 euros de multa a una empresa hostelera de Suances y dos años a un apoderado por eludir a Hacienda

SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de casi 430.000 euros de multa a una sociedad dedicada a la hostelería en Suances y de dos años de prisión y el pago de 6.750 euros a un apoderado, por eludir sus obligaciones tributarias.

El ministerio público les imputa un delito de fraude a la Hacienda Pública, mientras que el administrador de la mercantil se encuentra en paradero desconocido y está declarado en rebeldía, por lo que no se puede dirigir contra él este procedimiento.

El juicio a la sociedad y al apoderado se celebrará este jueves, 16 de abril, a partir de las 10.30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

Según el escrito de calificación fiscal, la empresa vendió un hotel a otra sociedad y no hizo frente al pago del correspondiente impuesto de sociedades por el incremento patrimonial que obtuvo.

Asimismo, eludió "de forma sistemática sus obligaciones tributarias", como las autodeclaraciones trimestrales del IVA o la declaración informativa de operaciones con terceros. Y tampoco cumplía con las obligaciones mercantiles básicas de presentación de cuentas en el Registro Mercantil.

Por su parte, el administrador de la sociedad, "con la intención de provocar un vaciamiento patrimonial de la empresa", realizó una serie de reintegros y transferencias desde la cuenta de la mercantil a otras cuentas de su propiedad, "aprovechando la falta de controles, de ningún tipo, en material de prevención del fraude dentro de la estructura societaria de la empresa".

Por otro lado, un apoderado de la mercantil, el que sí está acusado en este procedimiento, conocedor de la "precaria situación económica" de la sociedad, hizo uso del poder otorgado años atrás para realizar cuatro transferencias desde la cuenta de la empresa a distintas personas y sociedades, algunas suyas.

Además, en la cuenta de la empresa se abonó un cheque bancario por un importe de 242.000 euros que, tras su ingreso, el procesado y "con clara intención de evitar que hubiere saldo con el que hacer traba Hacienda de las sumas debidas", emitió un total de nueve transferencias, dejando el saldo en 3.000 euros.

La agencia tributaria había iniciado años atrás un procedimiento de comprobación inspectora y, tras numerosas investigaciones y actuaciones ejecutivas, logró cobrar por vía de apremio ejecutivo.

DELITOS Y PENAS

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito contra la hacienda pública y un delito de frustración de la ejecución, que atribuye a la empresa hostelera y al apoderado.

Para la primera, solicita una pena de casi 430.000 euros de multa, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de incentivos fiscales durante cuatro años.

Y para el apoderado, reclama dos años de prisión y 6.750 euros de multa.