SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Regionalistas y Socialistas han pedido este viernes en el Parlamento de Cantabria al Gobierno del PP que devuelva el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2013, ya que a juicio de la oposición es "injusta", pues se ha hecho "sin razonamiento, sentimientos y principios humanos" y, además, "no distingue al rico del pobre".
Así lo han dicho en la Cámara el diputado socialista Miguel Ángel Palacio, y la parlamentaria regionalista Alodia Blanco, que han criticado que la Ley de Acompañamiento propone la modificación de 18 leyes y contempla, además, la subida de tasas e impuestos, debido a la "voracidad recaudatoria" del Ejecutivo del PP, en palabras del portavoz del PSOE, que también ha apuntado que esta norma no fomenta la actividad económica y que es un instrumento "innecesario", porque acompaña a unos presupuestos "inútiles, insolidarios y regresivos".
Sobre las tasas, el diputado socialista ha censurado el "atraco" de la tasa de basura y el canon de saneamiento, que sube un 74% en año y medio, y la creación de seis nuevos impuestos, como los 15 euros que se cobrarán por copias de pruebas diagnósticas, los 74 por pruebas de laboratorio agrícola, o 18,5 euros por chalecos de mariscadores.
Además, ha censurado que se congelen algunas tasas para "molestar" y "ofender", como las que se cobran a barcos deportivos o para pescar y cazar en cotos. Entre las que suben, Palacio ha citado los impuestos patrimoniales a viviendas, o el de actos jurídicos documentados, todo ello pese a que en campaña electoral los populares "llenaron" Cantabria de carteles y vallas en los que aseguraban que iban a bajar los impuestos y crear empleo.
A su juicio, en esta ley "faltan" impuestos para lo que "los pueden pagar" y "sobran" para los que no los pueden pagar, entre los que se incluyen las rentas más bajas y parados de larga duración.
En cuanto a las leyes que se reforman, ha citado la ley de patrimonio, que ha achacado a la pretensión del Ejecutivo de vender el solar de Puertochico, la de finanzas, en lo relacionado a los límites que tenían los auditores para fortalecer su independencia, la ley de prevención de drogodependencias, que establece "un monopolio" con los bares, la de participación de la agentes sociales, ya que en el PP "no creen en la defensa" de los sindicatos ni como "pilares fundamentales" de la Democracia, o la reforma de la ley de servicios sociales, que va a "poner en peligro" la teleasistencia.
DE LA SERNA, ENEMIGO DEL PP
Sobre estas reformas "de calado" y que desde el Gobierno pretenden "colarnos de rondón", la regionalista Alodia Blanco se ha centrado en la primera, la de la ley de patrimonio, en la que se ha hecho una "reforma a la carta" para vender el edificio de Puertochico.
Para ello, ha apuntado, desde el Gobierno van a "presionar" al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, --del que ha dicho que ahora es "enemigo del PP" o "invitado indeseado"-- para que les "recalifique" el suelo, mientras que el propietario del solar, el Ejecutivo, está "exento" de todas las responsabilidades que le atribuye la ley.
La portavoz del PRC también ha censurado el "déficit" de participación de los agentes sociales que se va a propiciar o que ley no contemple "ni un sola medida" de estímulo a la economía. Además, ha añadido, todo el peso recaudatorio recae sobre los trabajadores, las clases medias, las personas en riesgo de exclusión social, o aquellas que están por debajo del umbral de la pobreza, que se aproximan a las 120.000 en la región y sobre las que se incrementa la presión fiscal mientras se exonera del pago del impuesto de sucesiones y donaciones a las "grandes fortunas" y que resulta, en palabras de la parlamentaria del PRC, "bochornoso".
En suma, ha dicho, se trata de otorgar "privilegios a unos pocos", en "perjuicio de la inmensa mayoría". Y es que, como ha añadido, el PP ha optado por dejar de recaudar dinero de las personas "más acaudaladas" y recurrir directamente al "bolsillo" de los que menos tienen. "No distinguen al rico del pobre", ha resumido Blanco, para quien la ley de acompañamiento es "la más antisocial", y va junto a unos presupuestos que son igualmente "los más antisociales".
LA "HERENCIA" RECIBIDA
Abstracción y alejamiento de la realidad presupuestaria son, a juicio del diputado 'popular' Luis Carlos Albalá, los denominadores comunes de las enmiendas a la totalidad de PSOE y PRC frente a una ley cuyo principal objetivo es crear empleo para la "vuelta a la normalidad" de familias y empresas; un camino "ya recorrido en parte" por el Ejecutivo de Ignacio Diego, ha dicho, y frente a la cual ha interpuesto la "herencia" recibida del Gobierno anterior, una deuda de 2.000 euros al año por cada familia cántabra, ha denunciado.
A ello ha contrapuesto la política del PP. "En ningún caso haremos el segundo mandamiento de la 'doctrina Mazón', gastar y no pagar", ha asegurado el parlamentario, quien en este sentido ha recogido las palabras de la consejera de Economía, Cristina Mazas, de que "una cosa es hablar del Estado de Bienestar y otra pagarlo".
Aunque ha rechazado las acusaciones de "voracidad recaudatoria" argumentado que la subida del canon de saneamiento supondrá un euro por cántabro al mes, frente al anterior Gobierno que subió tasas ambientales un 384%.
Igualmente ha destacado lo "útil" de la Ley de Acompañamiento para un presupuesto regional de carácter social, "el más solidario de la historia", que destina tres de cada cuatro euros a estas políticas, frente al "segundo mandamiento de la 'doctrina Mazón' de si hay que recortar en políticas sociales, recórtese".