Rechazada la petición de Ascan de suspender cautelarmente la adjudicación de las basuras de Castro Urdiales

Europa Press Cantabria
Actualizado: miércoles, 6 abril 2011 21:42

SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado la petición que hicieron Ascan y Geaser de que se suspendiera de forma cautelar la adjudicación del servicio de basuras en Castro Urdiales al grupo de empresas formado por Cespa, Urazca y Emilio Bolado.

Este acuerdo del Ayuntamiento de Castro Urdiales fue adoptado en diciembre de 2009, y afectaba al servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos urbanos.

Ascan pedía una medida cautelar mientras se decidía sobre la legalidad o no de esa adjudicación, que la empresa ha llevado a los tribunales.

La compañía alegaba que el Ayuntamiento había actuado con "manifiesta irregularidad" y había "pasado por alto" todos los informes que consideraban que su oferta era la mejor de las que se habían presentado.

E incidía en los "perjuicios irreparables" que le provocaba que el citado servicio lo prestara un competidor mientras se decide sobre la legalidad, pues sostenía que esta situación afectaba a su posición competitiva, citando, entre otros aspectos, la solvencia técnica de cara a futuras adjudicaciones.

La sentencia no se pronuncia sobre la adjudicación en sí misma, que tiene un pleito aparte. Considera que al ser los perjuicios de esta situación de carácter económico, los daños no son irreparables, motivo que sí serviría para adoptar medidas cautelares.

Pero en lo que se basa principalmente el TSJC para rechazar la petición de suspensión cautelar del contrato de adjudicación es en que ese hecho supondría el "riesgo grave" de interrupción del servicio de basuras, pues la empresa que lo gestiona, de aceptarse, "cesaría" en el cumplimiento de sus obligaciones y se daría el problema de buscar quien prestaría el servicio entre la anulación y la nueva adjudicación lo que, finalmente, perjudicaría a los usuarios, "cuyo interés habrá de prevalecer" frente al de las empresas.

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