Suspendida cautelarmente la elaboración del nuevo Plan del Lobo de Cantabria

SANTANDER 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido cautelarmente el encargo del Gobierno de Cantabria a la empresa pública TRAGSA para elaborar el nuevo Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, tras la denuncia y el recurso especial interpuestos por Podemos Cantabria.

La resolución, comunicada este jueves, 22 de enero, estima íntegramente la solicitud de medidas cautelares presentada por Podemos y ordena paralizar el procedimiento de contratación, al considerar que su continuidad podría ocasionar "perjuicios de difícil o imposible reparación".

Podemos Cantabria denunció que el Ejecutivo regional había recurrido a un encargo directo a TRAGSA para eludir la participación pública, la transparencia y el debate social necesarios para un plan de gestión de una especie protegida como el lobo ibérico, ha informado el partido morado.

El responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, ha señalado que "esta victoria demuestra que cuando se actúa con rigor jurídico y en defensa del interés público, se pueden frenar los atajos administrativos que perjudican a la transparencia y al medio ambiente".

Según él, el Gobierno, "por un lado, nos cuenta que está elaborando un plan participativo y, por otro, subcontrata la elaboración del plan para poder hacerlo de espaldas a la ciudadanía".

Para Podemos, el encargo "directo y opaco" a TRAGSA "pone en riesgo la genuina participación ciudadana y el escrutinio público que debe acompañar a un plan con impacto ambiental y social como este".

Además, ha defendido que un nuevo Plan del Lobo "debe elaborarse con criterios científicos, participación de entidades sociales y ecologistas, transparencia y control democrático, y no mediante un procedimiento que excluya a la ciudadanía y a los expertos".

Según Podemos, "la mayor prueba de opacidad es que la Consejería vende que está trabajando en un plan cuando, en realidad, en mitad del proceso han decidido subcontratar su elaboración. Ahora tendrán que explicar por qué lo han hecho".

La suspensión cautelar obliga al Gobierno de Cantabria a frenar el procedimiento y "constituye un primer paso para garantizar un proceso abierto, garantista y acorde con la legislación vigente", ha celebrado la formación.