El vertido del 18 de diciembre de 2006 equivale a una población de 390.000 habitantes
SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) advirtió a directivos de Sniace de que la autorización para realizar vertidos en el Saja-Besaya iba a ser revocada si no cumplían las condiciones del Plan para la Regularización de Vertidos.
Así lo reveló hoy el jefe de Área de Vertidos de la Comisaría de Aguas de la CHN, Manuel Gutiérrez, en la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Cantabria contra el secretario del Consejo de Administración de esta compañía, el abogado Miguel Gómez de Liaño, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión por unos vertidos realizados sin autorización en diciembre de 2006.
De esta forma, tanto Gutiérrez como el Comisario de Aguas, Carlos Blanco rechazaron que se les dijera a miembros del Consejo de Administración que podían seguir vertiendo mientras se decidía sobre la prórroga de la autorización. "En absoluto", aseveró Blanco, en respuesta a preguntas de la defensa de Sniace sobre si había una autorización "tácita".
"En ningún caso la CHN autorizó ni tácita ni expresamente los vertidos", indicaron desde la Confederación, enfatizando que "todos los actos administrativos iban en este sentido" de no permitir los vertidos de la fábrica de Torrelavega.
Por su parte, Manuel Gutiérrez precisó que la CHN no tiene competencias para exigir el cierre de la actividad de la empresa, ya que es algo que le corresponde al Gobierno central.
Sniace contaba con un Plan de Regularización de Vertidos, en cumplimiento de la ley, que fijaba una serie de fases y plazos para reducir la cantidad de vertidos. El primero de ellos expiraba en diciembre de 2003, y la empresa advirtió a la CHN de que no podría cumplirlo de manera íntegra, por lo que pidió una prórroga o un nuevo plazo.
Esta petición sería finalmente denegada y en junio de 2006 se revocó la autorización. La empresa recurrió la decisión de la CHN ante los tribunales, y el asunto está pendiente de un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.
El 18 de diciembre de 2006, el Seprona tomó muestras de un nuevo vertido de 3.155 metros cúbicos por hora que, según han explicado los responsables de la CHN, equivalía al vertido sin depurar de una población de 390.000 habitantes, casi dos veces la población de Santander, según apuntó el Ministerio Fiscal.
Las condiciones del agua en parámetros como la acidez o el oxígeno no son aptas para que sea habitables por peces, moluscos, ni para el consumo humano o el riego, según explicaron desde la CHN y también desde el Instituto Nacional de Toxicología. "Todos los criterios de calidad ambiental se ven sobrepasados con creces", reseñaron.
El Comisario de Aguas, Carlos Blanco, explicó que los parámetros establecidos en la primera fase no eran "autorizables en absoluto" si se trataran de vertidos definitivos ya que la idea de los Planes de Regularización de Vertidos es que se fueran bajando los niveles de contaminación paulatinamente.
Gutiérrez señaló que los plazos que reclamó Sniace en una nueva petición de autorización no eran "creíbles", pero que tampoco se encontró ningún motivo para que esa solicitud entrara en fase de tramitación.
Desde Sniace se les manifestaba que era "inviable" parar la actividad productiva para cesar en los vertidos, pero que sí veían "posible" adaptar su proceso a través de las inversiones en marcha, de cuyos avances se les iba informando en cada encuentro.
No obstante, en esos momentos sólo se había invertido un 10% de lo previsto, es decir 3 millones de los 30 previstos. Manuel Gutiérrez lamentó que el esfuerzo económico posterior llegó "desgraciadamente tarde".
En la actualidad, valoraron, se ha logrado la desaparición de sustancias como el cloroformo y se ha reducido la presencia de Zinc en el Saja-Besaya, con lo que las sustancias peligrosas han desaparecido, aunque persisten los elementos orgánicos, que siguen sin depurar.
Los responsables de la CHN señalaron que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con que cuenta Sniace no les permite verter directamente al río más que aguas pluviales o de refrigeración, pero no las correspondientes a los procesos industriales, para lo que requiere un colector.
Al respecto, el abogado de la defensa aludió a discrepancias sobre la construcción de esta instalación depuradora entre el Gobierno de Cantabria y la CHN, que afirmó que esta gestión no es responsabilidad de este organismo.
TOMA DE MUESTRAS
La defensa de Gómez de Liaño cuestionó la forma en que el Seprona de la Guardia Civil tomó las muestras del vertido del 18 de diciembre de 2006, que es el que se aborda en este juicio, apelando a que no se respetaron las directrices de la norma UNE.
Según relató el letrado, en el atestado no se detalló el tiempo que duraron las mediciones, ni la temperatura o las condiciones meteorológicas en que se produjeron, ni se realizaron tres muestras distintas y tampoco se especificaron las coordenadas geográficas.
Los responsables de la CHN aclararon que esta norma UNE no es de "obligatoria aplicación", por lo que no hay motivo para que estos incumplimientos "invaliden" los resultados analíticos.
Por su parte, médicos del Instituto Nacional de Toxicología precisaron que la UNE establece "recomendaciones" y detallaron que, en el caso de las condiciones meteorológicas, los indicadores variarían si lloviera, mientras que en realidad no se pide coordenadas sino indicaciones "precisas" del lugar de la toma de muestras.
