Actualizado 28/10/2009 21:28 CET

Tribunales.- El juicio contra Del Olmo por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia comienza mañana

La Fiscalía pide tres años de prisión y ocho de inhabilitación para el ex consejero y ex presidente de la Autoridad Portuaria

(((Esta información sustituye a todos los efectos a la anterior sobre el mismo tema)))

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el ex consejero de Industria Javier del Olmo por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia en su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria de Santander comenzará mañana jueves, día 29, en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas.

Será la primera sesión de una vista que continuará el 26 de noviembre y en la que Del Olmo se enfrentará a peticiones de hasta tres años de cárcel por el despido de un jefe de departamento del Puerto y por supuestas represalias a otro trabajador.

Los hechos, que serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, ocurrieron entre los años 2006 y 2007 cuando Javier del Olmo ocupaba la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander. La denuncia fue presentada en su día por un directivo y un trabajador tras el despido de uno de ellos por declarar en favor del otro en un proceso de reclamación de categoría laboral, y ante las presuntas represalias que sufrió el otro.

La jurisdicción de lo Social ya se ha pronunciado, en todos los casos a favor de los trabajadores, y ahora lo que se determinará es si además el ex consejero incurrió en responsabilidades penales que podrían conducirle a prisión y a ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El origen de todo este proceso está en una demanda judicial que interpuso un trabajador del Puerto a finales del año 2006 en relación a su calificación profesional. En su favor declaró como testigo el jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Puerto y, finalmente, la sentencia le reconoció la calificación que reclamaba.

Según explica la Fiscalía en sus calificaciones iniciales, el mismo día en que Javier del Olmo tuvo conocimiento de la sentencia llamó al jefe de Finanzas, le expresó su malestar por su declaración y "le amedrentó" indicándole que iba a ser despedido. Días más tarde acordó el despido, que después fue declarado nulo por los tribunales al entender que se decretó como "represalia" por su declaración judicial.

Para la Fiscalía, Del Olmo actuó con la intención de "atentar contra el normal y correcto funcionamiento" de la justicia y con el ánimo de "afrentar, amedrentar y humillar" al jefe de dicho departamento.

Además, cree que lo hizo "con total y absoluta falta de competencia", ya que los despidos competen al Consejo de Administración y no al presidente del Puerto; y "con la única finalidad de asegurar el castigo y la represalia", dictando para ello una resolución "a sabiendas, absolutamente injusta y fuera del ámbito de sus competencias".

Por las mismas fechas en las que se acordó el despido del jefe del Departamento de Administración y Finanzas, la Fiscalía asegura que Javier del Olmo solicitó un informe sobre el uso de Internet por parte de algunos trabajadores, y el informe concluyó con la apertura de un expediente disciplinario para el trabajador que había ganado la demanda de reclamación de categoría laboral.

El expediente terminó acordando también el despido para este trabajador, que presentó una reclamación previa. En respuesta a esa reclamación, el despido fue sustituido por una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante un mes. El trabajador lo llevó a los tribunales de lo social y anularon la sanción, ya que, a su entender, era "resultado de un castigo o venganza" por la demanda sobre calificación laboral.

PENAS SOLICITADAS

Según la Fiscalía, con estas actuaciones el ex presidente de la Autoridad Portuaria incurrió en dos presuntos delitos de obstrucción a la justicia (por el despido al jefe de Finanzas y la sanción al otro trabajador), otro de prevaricación (por acordar el despido sin ser competente y sabiendo de su injusticia), una falta de amenazas y dos faltas de vejaciones injustas.

Por todo ello, solicita que sea condenado a tres años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público, así como al pago de varias multas por importe total de 15.750 euros. Además, propone que indemnice con 12.000 euros a cada uno de los dos trabajadores afectados.

Por su parte, la acusación particular imputa al consejero un supuesto delito continuado de obstrucción a la justicia, junto con otro delito continuado de prevaricación por los que pide dos años y medio de prisión y ocho y medio de inhabilitación. En cuanto a las multas solicitadas por esta parte, suman 13.500 euros, y las indemnizaciones para los trabajadores son también de 12.000 euros.