USO, SIEP y delegados independientes del Gobierno cántabro denuncian a la Fiscalía trato privilegiado a UGT y CCOO

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos USO y SIEP junto con los delegados independientes en el comité de empresa del Gobierno cántabro han presentado una denuncia ante la Fiscalía por "violación" de derechos fundamentales en la que acusan a la Administración regional de "trato privilegiado" hacia los sindicatos UGT y CC.OO.

En concreto, denuncian que ambas organizaciones conocían días antes cuándo se iba a publicar la resolución del proceso de promoción interna en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y UGT también conocía con antelación la fecha de publicación de la convocatoria de acción social (que salió en el BOC el pasado 22 de septiembre).

Según denunciaron hoy en rueda de prensa representantes de USO, SIEP y del grupo de delegados independientes, esto supone un "perjuicio" para algunos trabajadores, ya que los afiliados a los dos sindicatos mayoritarios cuentan con "información importante que afecta a sus puestos de trabajo" antes que los demás.

En el caso de la promoción interna, que afectaba a alrededor de una treintena de trabajadores, aseveran que algunos incluso fueron avisados telefónicamente por sus sindicatos de la fecha en la que se iba a publicar la resolución con los destinos adjudicados y la fecha de incorporación al nuevo puesto.

Además, sostienen que una trabajadora figuraba ya el 1 de octubre en la cartelera de turnos del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, para iniciar su actividad el día 7, cuando la resolución no se publicó en el BOC hasta el día 5.

Y en lo que respecta a la convocatoria de acción social, que afecta a los 5.000 trabajadores de la administración regional, aseguran que UGT supo con antelación la fecha de publicación, lo cual es importante dado que los plazos para acogerse suelen ser "cortos" y todos los años hay trabajadores que pierden la ayuda porque no les llega la información a tiempo. En concreto, explicaron que este sindicato colgó un aviso en su web el 16 de septiembre con un enlace para que los afiliados pudieran acceder y ver la fecha de publicación.

La denuncia, registrada el pasado miércoles, día 7, pide a la Fiscalía que se abra expediente para depurar las responsabilidades que procedan y que "se restituya el derecho a la información y a la libertad sindical".

En principio la denuncia se ha presentado por lo ocurrido los últimos días en relación a la promoción interna y la acción social, pero los representantes de los trabajadores aseguraron que se puede ampliar porque no es la primera vez que se dan situaciones de este tipo en esta legislatura. "Es una situación documentada más o menos desde finales de 2007", aseguró Inmaculada Peña, del sindicato SIEP.

Junto a Peña comparecieron también en rueda de prensa Isabel Rodríguez, en representación de los delegados independientes, y José Ignacio Bárcena, del sindicato USO, entre otros.

LA SITUACIÓN NO ES NUEVA

Isabel Rodríguez lamentó que los delegados independientes, junto con SIEP y USO, que alcanzan el 44 por ciento de la representación del comité de empresa padecen "desde hace tiempo" esa "falta de respeto" de la Administración regional, a la que acusan no sólo de un trato desigual en la información, sino también de dejar sin contenido los foros de negociación, llevando el debate a "otros ámbitos, a puerta cerrada" sólo con algunas de las organizaciones.

Según dijo, lo han denunciado "reiteradamente" ante la propia Administración pero han obtenido "la callada por respuesta", y cuando la hay, aseguró que el Gobierno "no reconoce" los hechos aunque le presenten pruebas de ello. De hecho, explicó que esta misma mañana han recibido un escrito de la Administración en el que se niega haber vulnerado ningún derecho o haber facilitado cualquier tipo de información.

Pero estos delegados insisten en señalar al Gobierno porque, en palabras de Inmaculada Peña, si no ha filtrado él la información, al menos es "consentidor" de esa situación de privilegio, ya que ellos han reclamado que se les facilite la misma información y no se les ha trasladado.

"No vamos a seguir tolerando esta forma de proceder", recalcó Isabel Rodríguez, quien criticó que esta situación "se prolonga en el tiempo y perjudica" a los representantes y a los propios trabajadores que han depositado su confianza en ellos.