CUENCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Fondo de Garantía Social deberá pagar el 100% de las indemnizaciones de los 18 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo presentado en Júcar Automoción, concesionario de CITRÖEN en Cuenca, propiedad del presidente de la Cámara de Comercio, Agustín Tello.
En rueda de prensa, el secretario provincial de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Javier Cañamares, ha indicado que el FOGASA se hará cargo de la indemnización de 20 días por año trabajado, ante la situación de insolvencia del concesionario.
Según la normativa, el empresario debe abonar 12 días de indemnización y el FOGASA los 8 restantes, pero ante la insolvencia del empresario, éste puede demandar al Fondo que pague su parte.
Cañamares ha señalado que Tello no abonará las indemnizaciones, pues "el empresario no va a pagar un duro, los 20 días íntegros que puede pagar el FOGASA tras la reforma laboral, los va a pagar íntegros FOGASA".
Por esto, Javier Cañamares ha manifestado que Tello no puede seguir siendo presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca porque "ha sido el primero que tras la reforma laboral, la aplicado contundentemente y además, no va a pagar un duro, por lo que no puede representar a este colectivo".
Así, ha instado a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cuenca a elegir a otro presidente porque Agustín Tello "ha hecho lo mismo que Díaz Ferrán pero en el ámbito local, ha descabezado y finiquitado todas las empresas que tenía y sabemos de buena tinta que ningún trabajador ha cobrado ninguna indemnización por parte de este señor".
A propósito del Expediente de Regulación de Empleo presentado en Júcar Automoción, Javier Cañamares ha explicado que en un primer momento la Delegación de Trabajo rechazó el ERE porque vio indicios de que la empresa no estaba en una quiebra absoluta.
A pesar de esto, los trabajadores no pudieron incorporarse a sus puestos de trabajo, dado que el empresario había cerrado las puertas del concesionario. Así, los propios empleados decidieron instar a la delegación a aprobar el ERE para poder cobrar las indemnizaciones en lugar de recurrir a la justicia para solicitar la extinción de los contratos por inactividad de la empresa.
Según Cañamares, un proceso judicial no garantizaba el cobro de la indemnización de 45 días por año trabajado y previsiblemente se extendería mucho en el tiempo. Por esto, solicitaron a la delegación que aprobara el ERE para que los trabajadores pudieran cobrar las indemnizaciones del FOGASA y las prestaciones por desempleo.
En este punto, Cañamares ha destacado que "el empresario no puede decir que llevaba razón porque se haya aprobado el ERE porque se ha aprobado a través y a instancia de los trabajadores, para que pudieran cobrar algo de dinero y subsistir diariamente".
Sobre la posibilidad de que otra empresa se haga cargo del servicio oficial de Citröen en Cuenca, Cañamares ha señalado que no existe ninguna propuesta firme. Agustín Tello tiene la concesión hasta el próximo mes de mayo y desde Citröen España han afirmado que hasta que no se desbloquee la situación, no podrá instalarse otro empresario.