El PP exige una "auditoría previa" para saber "dónde aplicar la tijera"
TOLEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Cortes regionales ha aprobado, con los votos del PSOE y la abstención del PP, la Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tiene como objetivo conseguir un sector público "más eficiente y competitivo", a través de una "menor atomización" de la organización y una "más óptima reordenación de esfuerzos".
Así consta en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, al que se presentaron 20 enmiendas por parte de los 'populares' y cinco desde el PSOE, y cuyo dictamen ha defendido en la tribuna del Parlamento autonómico la diputada del PSOE Angustias Alcázar, que ha indicado que la nueva norma supondrá un ahorro "'a priori' de 400 millones de euros".
Alcázar ha justificado la necesidad de esta nueva ley en la de conseguir un "sector público más competitivo y saneado", para lo que se crearán "entes públicos más eficaces y más eficientes", y ha lamentado que el Partido Popular haya aprovechado este debate "simplemente para enmarañar".
El portavoz económico del PP, Marcial Marín, ha definido este Proyecto de Ley como el de la "recolocación" en vez del de la reordenación, y ha señalado que su partido está "a favor de la reordenación real del sector público de Castilla-La Mancha pero no a favor de la recolocación y la nula reducción de gasto real".
INGENIERÍA FINANCIERA
Los 'populares', como defienden en sus enmiendas, exigen una auditoría de los 95 entes con los que cuenta el sector público regional ya que, de lo contrario, "difícilmente vamos a saber dónde aplicar la tijera, fusionar y suprimir", y creen necesario que la Junta diga "ya a cuánto va a equivaler la reducción y el ahorro real que la ley va a suponer".
De otro lado, Marín se ha preguntado si "gestión eficaz" son los "4.000 millones de euros de pérdidas" que ha registrado la Comunidad Autónoma "en los últimos cuatro años", y ha insistido en que la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, "está haciendo ingeniería financiera para engañar a la sociedad". "Váyase ya", le ha pedido.
El parlamentario del PP, que ha destacado que sus propuestas están en los debates de 2008, 2009 y 2010 y en su plan de ajuste, ha lamentado la "operación de recolocación" de unas 3.000 personas, que serán "colocadas" por el presidente regional, José María Barreda, que dice que "no sería una catástrofe perder las elecciones porque ya los ha colocado".
Finalmente, Marcial Marín se ha mostrado de acuerdo en "hacer una ley de éstas, pero sabiendo qué empresas gestionan mal" los recursos, porque de lo contrario "vamos a seguir gastando lo mismo" y "la fiesta se ha acabado ya", ha detallado, tras pedir, después de que se haya "salvado" el Instituto de la Mujer, que se salve también el de la Juventud.
'VIVEN DE LA MENTIRA'
Angustias Alcázar, por su parte, ha indicado que el de Castilla-La Mancha es el Ejecutivo más reducido de España, ha recordado que el dictamen de este Proyecto de Ley "no ha recibido ningún voto en contra" del PP, al tiempo que ha señalado que los 'populares' "difícilmente pueden ser útiles para Castilla-La Mancha porque viven de la mentira, no de la verdad".
De otro lado, Alcázar, que ha rechazado el contenido de las enmiendas de la oposición porque están "faltas de reflexión", ha acusado al Partido Popular de tener facilidad para "mentir" en sus argumentaciones, algo que no le ha sorprendido --ha dicho-- teniendo como "jefa de filas" a la presidenta regional del PP y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal.
La nueva Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta incluye medidas como la supresión de organismos autónomos como la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha, el Instituto de Consumo, el Instituto de Estadística y el Instituto de la Juventud, cuyas competencias serán asumidas por la Administración general de la Junta.
Un segundo conjunto de medidas del nuevo texto normativo prevé la modificación "necesaria" de algunas leyes autonómicas, bien a consecuencia de la supresión de los organismos anteriores, bien debido a la necesidad de asegurar los objetivos de "racionalidad, eficacia y eficiencia instrumental".
En este sentido, la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, ha explicado que un total de 21 casos de empresas que van a desaparecer "ya están cerrados", otros nueve casos "requerían norma de rango legal" y otros procesos "están en marcha y concluirán en las próximas semanas, para que a fin de año estén tomadas todas las decisiones".
Finalmente, Araújo ha defendido la "total transparencia" del sector público regional --cuyas empresas se someten anualmente a tres controles, entre ellos el de la Sindicatura de Cuentas--, y ha detallado que las empresas públicas de la región han supuesto 13.600 puestos de trabajo, al tiempo que se ha mostrado convencida de que en el PP "ni son ejemplos de gestión ni de congruencia".
