La Junta defiende la utilidad de las empresas públicas, donde el PP ve la "rebotica" para "colocar allegados"

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha defendió hoy la utilidad de las 18 empresas públicas de la Comunidad Autónoma para la conservación de los servicios esenciales y las infraestructuras de la región, mientras el PP las definió como "la rebotica donde Barreda coloca a sus altos cargos y allegados".

Así se puso de manifiesto durante el debate general solicitado por el Grupo Popular sobre este asunto, que se cerró con la aprobación de la resolución socialista --rechazada por el PP--, en la que se valoraba el papel del Ejecutivo contra la crisis, su política "de eficacia y contención del gasto" y se explicitaba un compromiso para el análisis continuo de la estructura de estas empresas.

La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, se encargó de abrir y cerrar este punto, en el que detalló que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas cuyo sector público regional "es mas reducido" y "moderado".

En este punto, y recordando que la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha reiterado su apoyo a la propuesta del Gobierno central para "reorganizar" el sector público regional para "promover ahorros adicionales", insistió en que la actividad de las empresas públicas -cuyas cuentas analizan auditorías externas-- "ha sido y será útil" para la región.

LA TRASTIENDA

Distinta opinión expresó en la tribuna el parlamentario del Partido Popular Francisco Gil-Ortega, que aportó datos sobre la deuda de las empresas públicas de años anteriores y auguró que en 2010 es posible que se llegue a los 1.160 millones de euros, y consideró este supuesto "algo escandaloso que nuestra maltrecha economía no puede ni debe permitir".

Gil-Ortega aseveró que las empresas públicas son "la rebotica" donde el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda "coloca a sus altos cargos y allegados", por lo que se han convertido, recalcó, en una "trastienda de la colocación".

También aludió el diputado 'popular' a la Fundación Virtus de Puertollano (Ciudad Real), momento en el que se preguntó por qué el presidente autonómico "escurre el bulto y no da la cara" cuando la oposición se lo pide, criticó el "hermetismo" existente ante "un agujero de cuatro millones de euros, como ha sucedido con la de las cuentas de 2006, en un paso más para evitar que el PP conozca algo ya que "si el PP algo sabe, enreda".

El parlamentario del PP, en su primer turno de intervención, criticó que el Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha no haga conclusiones individuales de la fiscalización de las empresas públicas sino "conjuntas", y advirtió al Ejecutivo de que "no cuenten con nosotros" porque "no vamos a ser cómplices de su política desnortada".

Finalmente, Gil-Ortega se refirió al hecho de que en noviembre de 2007 el Ejecutivo regional dijera que "en seis meses" traería al Parlamento una ley que regulase el sector público, y ya han pasado "dos años y medio", lo que evidencia un nuevo "incumplimiento" de la palabra dada.

EXTRAORDINARIO PAPEL

Desde el PSOE, el diputado Antonio Guijarro, que expresó su queja por el hecho de que el PP no haya atendido la petición de Barreda para que las Cortes se pronunciasen sobre el Estatuto de Autonomía, emplazó al PP a que "en lugar de hacer ruido y tapar la realidad" solicite "no uno sino 18 debates generales", uno por empresa pública regional.

Sobre la Fundación Virtus, invitó a la oposición a acudir a los tribunales si tienen indicios de ilegalidad, y les recordó que "no hace mucho" la consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández, habló sobre ese asunto en las Cortes, donde también se ha abordado la situación del sector público y la deuda de las empresas públicas "al menos en cuatro ocasiones mas".

"Frente a la demagogia y sinrazón del PP, que solo pretende ruido y ocultar la verdad de las empresas publicas, desde el PSOE estamos razonablemente satisfechos de nuestro sector público, de su tamaño, de su funcionamiento, y del extraordinario papel que desarrollan para el progreso de Castilla-La Mancha", señaló Guijarro.

El parlamentario del PSOE subrayó, por último, que las empresas públicas "actúan en todos los sitios y en todos los lugares de la Comunidad Autónoma", mientras que su compañero en el PP insistió que cuando piden una reducción del número de empresas públicas "lo hacemos por el bien de Castilla-La Mancha".

La vicepresidenta del Gobierno, que negó que se le den instrucciones al Síndico sobre cómo tiene que hacer su trabajo, utilizó las dos 'p' de las siglas del Partido Popular asegurando que lo que sintió la presidenta regional y secretaria general de ese partido, María Dolores de Cospedal, cuando Barreda le ofreció hablar del Estatuto fue "puro pánico", minutos después de que Gil-Ortega hablase del 'ftb', siglas que servirán para denominar en el futuro el "fracaso total de Barreda".

La resolución del PP a este debate, que fue rechazada por los votos de la mayoría socialista, pedía establecer como principio de actuación financiera el equilibrio presupuestario, ajustar los ingresos al gasto público, reducir y reorganizar el excesivo número de empresas públicas de la región, entre otros.