La Ley de Servicios Sociales de C-LM podría estar aprobada a finales de este año o principios de 2011, según Lamata

EP/JCCM

TOLEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha podría estar aprobada por parte de las Cortes regionales a finales del presente año o a principios de 2011, según ha asegurado el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, quien ha concretado que, por comparación con otras leyes que están en trámite, podría aprobarse entre diciembre y febrero.

Así lo ha confirmado Lamata a preguntas de los medios durante la rueda de prensa de presentación del Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, donde ha manifestado también que marcará "un antes y un después en la consolidación de los servicios sociales en España y en Castilla-La Mancha".

El consejero de Salud y Bienestar Social ha apuntado que esta nueva Ley tiene por objetivo conservar la red de servicios y las prestaciones sociales de Castilla-La Mancha mediante una serie de puntos como son la aprobación de una catálogo de 23 prestaciones garantizadas.

Sobre este punto, ha enumerado algunas de las prestaciones como la ayuda domiciliaria, la teleasistencia domiciliaria, el alojamiento temporal para situaciones de urgencia social, el apoyo técnico para la atención integral a situaciones de exclusión social, o la atención temprana hasta los seis años de edad.

Igualmente, ha incluido entre estas prestaciones la atención residencial a personas en situación de dependencia y mayores con necesidades, la acogida familiar a menores en situación de desamparo, la adquisición de ayudas técnicas a personas en situación de dependencia, o la renta básica para personas en riesgo de exclusión social.

El consejero de Salud y Bienestar Social ha manifestado que se trata de ayudas directas o de apoyo económico que en este momento "son graciables" --se pueden dar o no dar-- y que pasan a ser derechos para las personas que cumplan estos requisitos de necesidad.

SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

Lamata ha señalado también que los objetivos de la Ley se conseguirán mediante la creación de un sistema público de servicios sociales en colaboración con entidades públicas y privadas que permita un sistema público "integrado y bien sistematizado".

Asimismo, ha afirmado que los fines de la Ley también se consiguen generando una serie de herramientas para la aplicación personalizada de los servicios sociales como puede ser la tarjeta de servicios sociales, que permitirá "optimizar y facilitar" la atención, o un profesional de referencia para cada persona que esté amparada por la esta Ley.

La normativa sobre Servicios Sociales de Castilla-La Mancha garantizará la calidad a través de un Plan de Calidad y Evaluación. "Todos estos elementos contarán con la participación de los ciudadanos mediante un Consejo Social", ha dicho Lamata, que ha añadido que "es una Ley de todas las personas que trabajan y reciben servicios sociales".

El consejero ha manifestado que en los próximos meses se pretende marcar "el rumbo" de la Ley con un plan estratégico de servicios sociales, por lo que ha afirmado que va a ser una norma "muy dinámica y promotora de cambios que no estará olvidada en un cajón". PRESUPUESTO

De otro lado, en cuanto al presupuesto que se destinará a la Ley, Lamata ha explicado, a preguntas de los medios, que se trata de "un presupuesto conservador", debido a la crisis económica, y que durante el proceso de discusión de la norma ha estado encima de la mesa el debate de reducir o quitar prestaciones. "Lo que hemos conseguido es que nos comprometemos como Gobierno a consolidar los presupuestos actuales", ha agregado.

Preguntado, por otra parte, por si esta Ley responde a la necesidad de cubrir carencias en materia de servicios sociales o a la posibilidad de avanzar más, Lamata ha respondido que con esta norma se corrigen "deficiencias y defectos en la actualidad, y vamos más allá en la prestación de servicios sociales" para seguir a la vanguardia en los próximos 25 años.

En la misma línea ha manifestado que, al igual que con la Ley de Servicios Sociales del año 1986 hasta ahora la demanda ha subido de forma exponencial, se pretende que con la Ley actual "consigamos bajar la demanda y que haya menos personas que necesiten utilizarla dentro de 25 años", ha concluido.