VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha considerado "inaplazable" una reforma normativa que impulse el funcionamiento de la institución.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León conmemora este jueves el 20 aniversario de la creación de su Ley reguladora (2/2002, de 9 de abril) con una jornada que se desarrolla en la sala de recepciones del Parlamento autonómico a la que ha asistido un centenar de personas, entre representantes institucionales y personal del Consejo.
Al acto conmemorativo han acudido, entre otros, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha apelado en la presentación de la jornada a implementar una serie de reformas normativas que consideró inaplazables a fin de impulsar el funcionamiento de la institución que realiza la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León.
Y de esta forma, ha señalado, poder "dar mejor respuesta a las necesidades e inquietudes de los castellanos y leoneses".
"Estamos reivindicando desde el inicio de este mandato la conveniencia de reforzar la independencia del Consejo, garantizando la autonomía funcional en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos. Por ejemplo, aprobando de manera independiente nuestro propio Plan Anual de Fiscalizaciones", destacó Amilivia.
Añadió que "pretendemos también favorecer un nuevo impulso a la rendición de cuentas de las entidades locales mediante el establecimiento de los llamados estímulos a la rendición y mejorar las condiciones laborales para garantizar el mantenimiento de la plantilla y la cobertura de plazas con la incorporación de profesionales cualificados".
Además de ello, ha subrayado, "hemos mostrado nuestra disposición favorable a la ampliación de competencias, en este caso sobre la evaluación de políticas públicas, en consonancia con lo propuesto en el informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por encargo de la Junta de Castilla y León".
En este sentido, ha asumido en su caso las competencias de Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas "en el supuesto de una eventual creación de esta".
Ha apuntado en este sentido que la voluntad "inequívoca" de seguir prestando el mejor servicio a las demandas de la sociedad castellano y leonesa "requiere a nuestro juicio una reforma de la actual normativa".
La jornada ha servido para hablar del pasado y el presente, y también sobre el futuro, y se ha "puesto en valor el trabajo realizado en estas dos décadas por el órgano de control externo", como han señalado fuentes de la Institución.
Además del catedrático de Derecho Constitucional y exconsejero, Fernando Rey, y del profesor de Derecho Constitucional Juan Fernando Durán, han participado en la jornada los consejeros del Consejo de Cuentas Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez para la presentación de los compendios de las 300 auditorías que han sido aprobadas en estas dos décadas en los ámbitos autonómico y local de la institución.
El ámbito de actuación del Consejo alcanza aproximadamente un volumen económico de 15.000 millones de euros entre la Administración autonómica y las cerca de 5.000 entidades que conforman el sector público local.
Desde que en 2005 publicase su primera fiscalización, el Consejo de Cuentas alcanzará este año los 300 informes aprobados.
La actividad se traduce hasta la fecha en cerca de 2.200 recomendaciones para la mejora de la gestión de los entes fiscalizados.
El grado de aceptación de las recomendaciones, que supera el 80% en la actualidad, es un reflejo evidente de la auctoritas de esta institución.
La presentación en las Cortes del informe anual sobre el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones completa el ciclo parlamentario del control externo de las administraciones, "por lo que podemos afirmar que desarrollamos en la práctica un procedimiento de evaluación continua de las políticas públicas".
También ha significado Amilivia el "efecto palanca" que ha tenido el primer Plan Estratégico 2019-2022 con el que se dotó el Consejo de Cuentas al inicio de su mandato.
"Esta planificación ha propiciado un nuevo impulso a la actividad de la institución con un mayor número de auditorías al año, una mayor actualidad en la presentación de informes y un esfuerzo creciente en la divulgación de su contenido con la mayor cercanía posible de la labor que realizamos", ha explicado.
El Consejo ha impulsado también una nueva orientación hacia las auditorías operativas, analizando con un afán siempre constructivo los principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión, especialmente en aquellas materias que ocupan las mayores preocupaciones de los ciudadanos como son la garantía de los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales.
DISMINUCIÓN DE CONSEJEROS
Tras repasar lo que supusieron para esta y las demás instituciones propias la disminución de consejeros, en el ámbito del principio de austeridad en 2011, y dos tres años después la reforma de las instituciones propias con modificaciones de gran calado, afirmó que las instituciones respondieron con total solvencia, cumpliendo con su compromiso de servicio público, impulsando la transparencia y la calidad democrática, y demostrando su utilidad para las personas de esta Comunidad, no pocas veces en condiciones nada fáciles.
"Han significado un plus de garantía para los ciudadanos y los entes de Castilla y León. Un plus de garantía para los derechos de los ciudadanos, especialmente del derecho a una buena administración, contemplado en el Estatuto de Autonomía", ha recalcado.
Por todo ello, ha apuntado, con la vista puesta en el futuro, en las inquietudes y demandas de las personas de Castilla y León, la implementación de reformas normativas es inaplazable.
La jornada ha servido además para poner de manifiesto la "ejemplar" coordinación y complementariedad entre el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas, sin que exista ningún tipo de duplicidades.
Amilivia ha subrayado que el hecho de que Castilla y León asumiera la función fiscalizadora hace 20 años ha permitido multiplicar por seis la actividad de control externo y avanzar también en la realización de fiscalizaciones de carácter horizontal, que permiten una visión de país, en colaboración con el resto de los órganos de control externo del país.