Aboga por modificar la ley de sostenibilidad presupuestaria tras constatar que el objetivo de saneamiento "ha sido cumplido"
VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Mario Amilivia, considera que "las entidades locales ya no forman parte del problema del déficit
público" y, en cambio, "pueden formar parte de la solución a nuevos problemas como las necesidades generadas por la pandemia, con independencia de cuáles sean los mecanismos que se instrumenten para favorecer la utilización de los remanentes".
Se trata de uno de los principales mensajes realizados por Amilivia durante su comparecencia este jueves en las Cortes en la Comisión de Economía y Hacienda, donde ha expuesto sendos informes sobre las cuentas del sector público local correspondientes a 2018 y un análisis sobre las consecuencias en el mismo, entre los ejercicios 2010 y 2017, de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Así, Amilivia, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera que se han "cumplido los objetivos" de la referida normativa de estabilidad presupuestaria que con motivo de la crisis económica estableció el Gobierno para velar por el control del déficit público de las administraciones públicas, lo que produjo en Castilla y León en una disminución del gasto de las entidades locales en torno al 20%, pasando de 3.072 millones de euros en 2010 a 2.449 millones en 2017, y también del endeudamiento, que se contrajo un 39 por ciento entre 2012 y 2016.
Es por ello, que el presidente del Consejo de Cuentas, entre las recomendaciones realizadas, ha puesto sobre la mesa un debate
de absoluta vigencia como es la utilización de los remanentes de tal forma que las entidades locales eviten la existencia de capitales líquidos inmovilizados por encima de las necesidades de tesorería.
Y es ahí donde Amilivia ha significado que, "cumplidos los objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria, pues hoy las entidades locales han reducido la deuda y cuenta con dinero en los bancos", es preciso una modificación de dicha normativa pues, como así ha incidido, "los ayuntamientos han dejado de ser parte del problema del déficit público y hoy pueden ser la solución a la triste situación generada por la pandemia".
Su planteamiento ha sido aprovechado por los distintos grupos para reproducir, durante la Comisión de Economía y Hacienda, la disputa dialéctica sobre la necesidad de no convalidar el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que invita a los ayuntamientos a entregar sus remanentes de tesorería, negativa en la que han coincidido el parlamentario del PP Salvador Cruz y las de Cs Alba Bermejo y Blanca Delia Negrete.
En este punto, Salvador Cruz ha instado a no convalidar dicho decreto del Gobierno que, como así ha denunciado, responde al intento del Gobierno de hacerse con 14.000 millones de euros de superávit municipal fruto del éxito de esa ley de estabilidad presupuestaria, al tiempo que ha compartido la necesidad de modificar la normativa, una vez cumplido el objetivo perseguido, para aplicar "soluciones excepcionales a una situación excepcional", en referencia a que los ayuntamientos puedan destinar esos remanentes a afrontar las necesidades impuestas por el coronavirus en sus respectivos municipios.
En la misma línea se han posicionado las parlamentarias de la formación naranja Alba Bermejo y Blanca Delia Negrete, la primera de las cuales entiende que el polémico decreto de remanentes del Gobierno "vulnera los principios de autonomía municipal y suficiencia financiera recogidos en la Constitución y supone tratar de convertir a los ayuntamiento en el banco del señor Sánchez", al que, según los cálculos de la segunda, irían a parar un total de 1.279 millones vía Castilla y León.
