Faúndez y Del Canto recurren su imputación en caso Ultra Sanabria y responsabilizan a la antigua Corporación Provincial

   VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto, han recurrido su imputación en el caso Ultra Sanabria y han descargado en la anterior Corporación Provincial la responsabilidad de la subvención del año 2023 a la Ultra Sanabria, ahora investigada por el juzgado de Zamora.

   Los dos mandatarios se desvinculan de las actuaciones investigadas al asegurar que no tenían capacidad de decisión cuando se aprobaron las subvenciones que se investigan y descargan en el anterior presidente provincial, José Antonio Requejo, la responsabilidad de la situación.

   El expediente relativo al convenio de colaboración entre la Diputación y el Club Deportivo Ultra Sanabria regulador de la subvención nominativa "consta de un Decreto de Concesión del entonces presidente de la Diputación fechado el 24 de abril de 2023", han sostenido Faúndez y Del Canto en su escrito de recurso.

   En el mismo decreto, han señalado Faúndez y Del Canto, consta el informe de fiscalización de la interventora con reparos y la orden del diputado de área anterior, Jesús María Prada, también del PP.

   El reparo se levantó y el pago anticipado del total de la subvención se llevó a cabo el 18 de mayo.

   "Tanto la configuración del marco regulador, como la concesión y el anticipo total de los fondos de la subvención nominativa correspondientes al ejercicio 2023 al Club Deportivo Ultra Sanabria, aparecen vinculados a actos anteriores" al periodo en el que Faúndez y Del Canto "pudieran haber tenido intervención efectiva en la gestión de la Corporación Municipal".

   Aunque Faúndez era diputado en el anterior mandato, se entiende que esta afirmación refiere a las responsabilidades en el área de Deportes.

   Sobre el expediente iniciado para el pago de la subvención de 2024, ya con firma de Juan del Canto, el recurso estima que "hay una tramitación administrativa completa, informada por la Secretaría General, fiscalizada por la Intervención y resuelta por la Junta de Gobierno", razón por la cual, estiman los abogados de los dos representantes institucionales, no cabe responsabilidad individual.

   El acuerdo de aprobación del gasto, de 180.000 euros, se aprobó por la Junta de Gobierno el 4 de junio de 2024. "La decisión aparece, por tanto, como actuación colegiada, documentada y sometida a informes, no como acto aislado, clandestino o adoptado al margen de los controles administrativos ordinarios", indica el recurso

   Han lamentado los abogados los "perjuicios de imposible o muy difícil reparación derivados de la imputación" de sujetos con responsabilidades públicas.

   "Provoca un impacto personal, familiar, social y profesional evidente, especialmente cuando no se concretan hechos, indicios ni base documental alguna", han concluido los autores del recurso.