LEÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León en la que solicita que se investigue la actividad de la empresa de recobros implicada en el conflicto ocurrido el pasado 25 de junio en Villamuñío (León), cuando un tractor embistió y volcó un vehículo utilizado durante una actuación de cobro sobre un agricultor.
La denuncia también solicita que se analicen las posibles responsabilidades derivadas de la participación en estos hechos de un conocido activista neonazi. La empresa, con sede en Galicia y actividad en varias provincias de Castilla y León, acumula un importante historial judicial, según ha señalado IU.
En la denuncia presentada se incorporan más de una decena de sentencias dictadas por distintas audiencias provinciales (entre ellas las de León, Valladolid, Palencia, Ourense, Pontevedra y Oviedo) que condenan a trabajadores de la empresa por delitos leves de coacciones, amenazas o lesiones cometidos durante actuaciones de recobro.
Para Izquierda Unida estas resoluciones describen conductas reiteradas como visitas insistentes a domicilios y negocios, intimidaciones, insultos, impedimentos para abandonar determinados lugares, seguimientos e incluso agresiones físicas, circunstancias que, a juicio de la organización, justifican una investigación para determinar si existe un patrón de actuación que trascienda hechos aislados.
"Este tipo de prácticas vulneran derechos fundamentales como la intimidad, el honor y la dignidad de las personas, y ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el control sobre aquellas empresas que desarrollan actividades de recobro mediante métodos presuntamente intimidatorios", ha apuntado IU León en un comunicado recogido por Europa Press.
"CRECIENTE PREOCUPACIÓN SOCIAL"
El escrito presentado ante la Fiscalía hace referencia asimismo al episodio ocurrido en Villamuñío, ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, que, según la formación, refleja la "creciente preocupación social por determinadas prácticas de presión en el cobro de deudas que exceden cualquier actuación compatible con un Estado de derecho".
Además, Izquierda Unida ha sostenido que el conductor del vehículo siniestrado es un conocido activista de extrema derecha con antecedentes penales relacionados con delitos de odio y otros hechos violentos, por lo que considera necesario esclarecer el papel que desempeña en la actividad desarrollada por esta empresa.
El coordinador provincial de Izquierda Unida en León, Sergio Carro, ha afirmado que "ninguna supuesta deuda puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos fundamentales mediante el acoso, la intimidación o las coacciones". "Si existen empresas que hacen de estas prácticas un modelo de negocio, las instituciones tienen la obligación de actuar con toda la contundencia que permite el Estado de derecho", ha añadido.
"ESPACIOS DE IMPUNIDAD"
Carro ha recalcado que resulta "especialmente preocupante que personas vinculadas al neonazismo y con condenas por delitos de odio puedan participar en actividades de presión contra la ciudadanía". "No podemos normalizar que quienes han hecho de la violencia y el odio su forma de actuar encuentren espacios de impunidad en actividades económicas", ha insistido.
El coordinador provincial ha defendido que esta denuncia "no pretende sustituir el trabajo de los tribunales", sino poner a disposición de la Fiscalía toda la información recopilada para que investigue si existe una estructura organizada de actuaciones intimidatorias y, en su caso, depure todas las responsabilidades que correspondan.
Finalmente, Izquierda Unida ha reclamado una revisión del marco legal que regula este tipo de empresas para impedir que puedan desarrollarse actividades que, bajo la apariencia de mediación privada, deriven en situaciones de hostigamiento o coacción hacia personas en situación de vulnerabilidad.