Se le acusa de paralizar de forma dolosa la renovación de una licencia de caza
VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El interventor de armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid se sentará en el banquillo este lunes, 18 de enero, para responder de un delito de prevaricación, presuntamente cometido en 2013 cuando, según sostiene el fiscal, paralizó de forma dolosa la tramitación administrativa para la renovación de una licencia de caza.
El procesado, J.Z.P, subteniente de la Guardia Civil y responsable del departamento de Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia vallisoletana, será juzgado en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, donde se expone a una pena de siete años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El caso, que recayó inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 1, hace referencia a los trámites que inició el cazador vallisoletano F.S.G, con más de 30 años de experiencia en el arte cinegético, a raíz de que Intervención de Armas y Explosivos le comunicara que su licencia de armas rayadas para caza mayor Tipo D expiraba el 19 de marzo de 2013.
El interesado solicitó entonces su renovación por medio de una instancia que presentó el 6 de marzo, lo que suponía el inicio del procedimiento administrativo correspondiente para el que se estipula respuesta en un plazo máximo de tres meses. Entre tanto, F.S.G. obtuvo una prórroga de su licencia por idéntico periodo.
FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Fue entonces cuando el interventor, al deducir de la documentación aportada por el cazador de que los armeros o caja fuerte de que disponía no reunían las suficientes medidas de seguridad, le requirió mediante oficio de fecha 16 de abril para que actualizara sus expedientes personal y de armas.
Sin embargo, y pese a que el 7 de marzo J.Z.P. ya había emitido informe favorable a la concesión de la licencia requerida, con la supuesta finalidad de paralizar el trámite administrativo correspondiente, no remitió el expediente al órgano competente para resolver la solicitud, paralizándolo de hecho y provocando así que venciera el plazo hábil del que disponía la administración para resolverlo.
Transcurrido el plazo inicial de la prórroga de la licencia a renovar, el cazador acudió a la Comandancia para pedir explicaciones y entonces el acusado le señaló verbalmente que el expediente no estaba completo, sin que conste la tramitación ordinaria del mismo. Éste fue finalmente remitido por J.Z.P, tras otro informe suscrito por él mismo en el que consideraba, de nuevo, que debía accederse a la concesión de la licencia.
En opinión de la acusación pública, la paralización provocada dolosamente por el interventor obligó finalmente a que el general jefe de la XII Zona, José Manuel Díez Cubelos, dictase una resolución el 12 de noviembre de ese año por medio de la cual se aludía a un supuesto "error" que había derivado en la caducidad del expediente y se concedía al solicitante la licencia de armas requerida al entender que la documentación aportada reunía todos los requisitos legalmente establecidos.
Pese a ello, el cazador fue multado con 300 euros por dejar caducar su licencia, cantidad que finalmente le fue levantada tras recurrir al Ministerio de Administraciones Públicas, en Madrid.
