VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de la resolución del pasado 30 de septiembre por la que se modifica la resolución de 18 de abril en la que se sustituía el ejercicio de la función interventora por el control financiero permanente en determinadas materias, dentro del contexto de la crisis sanitaria.
De esta manera, se restablece la función interventora como régimen de control de todos los actos de contenido económico, excepto los que se deriven de actuaciones necesarias para atender la situación de emergencia ocasionada por la COVID-19 que se dicten al amparo de la legislación vigente en materia de contratación del sector público.
La Consejería de Economía y Hacienda ha informado al Consejo de Gobierno de esta resolución, que de la misma manera restablece el funcionamiento normal de los servicios públicos que presta la Junta y que se ha visto alterado por la situación de emergencia, dado que el personal afectado ha ido incorporándose a lo largo de estos meses.
Concretamente, con esta resolución se reinstaura el ejercicio de la función interventora en todos los actos de contenido económico que se deriven de la gestión de variaciones e incidencias en la tramitación de nóminas mensuales relativas a las prestaciones económicas previstas en la Ley de Dependencia.
El restablecimiento de la función interventora se aplica ya a todos los actos de contenido económico en los que se adaptó el control financiero permanente como régimen de control, por la alteración del normal funcionamiento de la Administración de Castilla y León, excepto a aquellos actos que se deriven de actuaciones necesarias para atender la situación de emergencia ocasionada por la COVID-19, que se dicten al amparo de la legislación vigente en materia de contratación del sector público, para así agilizar al máximo su tramitación.
El resto de los actos respecto a los que ya se había restablecido la función interventora se referían a la renta garantizada de ciudadanía; las indemnizaciones de saneamiento ganadero; la prestación económica para el apoyo a familia extensa, ajena y especializada acogedora de menores protegidos; el concierto en plazas de servicios sociales para personas mayores y personas con discapacidad; los conciertos para atención residencial de menores en protección; y las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.
Asimismo, se incluían las obligaciones de nómina del personal de la Administración General e Institucional, así como los actos que las generasen, incluidos los expedientes de contratación de personal laboral.
