SEGOVIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la plataforma ciudadana No Más Mierda, José Luis Ordóñez, acudirá este miércoles, a las 12.00 horas, a declarar en el juzgado de Cuéllar, con motivo de la querella presentada contra él por presuntas injurias y calumnias, por parte de la propiedad de la planta de compostaje de Fuentepelayo.
Ordóñez ha confiado en que la querella presentada contra él por el dueño de la planta de compostaje de Fuentepelayo sea finalmente archivada, al tiempo que ha explicado que acudirá este miércoles a declarar en el juzgado de Cuéllar y, según ha asegurado, aportará "documentación suficiente" como para acreditar que no ha habido injurias ni calumnias.
Con motivo de la declaración de este miércoles en el juzgado de Cuéllar, la plataforma ciudadana No Más Mierda ha convocado una concentración en la villa mudéjar. Una convocatoria que es el "cauce" para canalizar la "indignación" existente en Fuentepelayo, como ha señalado Ordóñez en declaraciones recogida por Europa Press.
En ese sentido, el presidente de No Más Mierda ha calificado como "alegría extraordinaria" la detención del posible responsable del incendio de un pajar propiedad de un integrante de la plataforma en la noche del 2 de julio.
José Luis Ordóñez ha explicado que ese arresto constituye el "hilo" que puede llevar al "ovillo" y ha argumentado que "vieron huir" al detenido a bordo de un automóvil conducido por otra persona, que "sería colaborador o cómplice".
Además, sobre el arrestado, Ordóñez ha apuntado que se trata de un "esbirro" del propietario de la planta de compostaje, lo que podría llevar a la demostración de que el dueño "está detrás" de los actos vandálicos, como ha mantenido la plataforma.
Por otro lado, Ordóñez ha recordado que la factoría tiene hasta el 17 de julio para retirar todos los montones de residuos sólidos que se acumulan en 32 parcelas, tanto de Fuentepelayo como de otras localidades de la zona, y hasta el 17 de septiembre para compostar el material que se mantiene en el interior de la planta.
Uno plazos que "no se paralizarán ni modificarán" a pesar de que la propiedad de la instalación recurra las decisiones administrativas. Igualmente, José Luis Ordóñez ha recalcado que la Junta de Castilla y León maneja cuatro posibles sanciones y que, además, no son "excluyentes" unas de otras.
Castigos que pasan por el cierre de la planta de compostaje, una multa de hasta 2,5 millones de euros, la inhabilitación del propietario para ejercer la actividad y la retirada de la licencia municipal.
