Los padres objetores reclaman a Herrera que cese a Mateos por su "pasividad" y asuma la gestión sobre los fallos

Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2009 20:04

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los padres de alumnos objetores de Educación para la Ciudadanía (EpC) agrupados en las asociaciones Padres por la Libertad reclamaron hoy al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el cese del consejero de Educación, Juan José Mateos, por la "pasividad" que aseguran que mantiene al negarse a extender los fallos del TSJCyL al resto de los objetores y que asuma "personalmente" estas gestiones.

Según informaron fuentes de la asociación, cuyos representantes acudieron hoy a la sede del Gobierno regional para trasladar a Herrera sus demandas, Mateos y el viceconsejero de Educación, Sánchez Pascuala, cometen "dejación de funciones" ante las más de cien sentencias que afirman que "EpC vulnera los derechos fundamentales al imponer una moral de estado obligatoria", lamentaron.

A juicio de los padres, el Gobierno regional "no puede permanecer callado", como incidió la representante Inmaculada López. "El empecinamiento en sacar adelante estas asignaturas se entiende en aquellos que defienden esa imposición moral; si la actitud de la Junta no cambia y Herrera no rectifica inmediatamente, tendremos que entender que tanto los responsables de la Consejería como el propio Presidente defienden EpC tal como está diseñada", añadieron.

Los representantes de las diez Plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), afirmaron que agrupan a más de 3.000 objetores castellanoleoneses, y que ya son 125 las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha reconocido expresamente el derecho a objetar a las asignaturas de EpC a los padres de 248 alumnos.

A pesar de estos datos, criticaron, el Gobierno regional "ignora el contenido de dichas sentencias que dicen, indicaron, "que estas asignaturas suponen un riesgo exorbitante que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos".

Por si fuera poco, continuaron, "las propias sentencias ponen de manifiesto la dejación de funciones de la Junta, que podía haber evitado a las familias acudir a los Tribunales", puesto que, según el Tsjcyl, en el uso de sus competencias las autoridades educativas autonómicas "podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto".

Tal como manifestó Inmaculada López, en representación de los padres objetores, "lo más escandaloso es que siguen defendiendo la EpC del Gobierno nacional". Incluso, consideran que el Tribunal se ha pronunciado con "claridad", mientras que la Consejería "sigue despreciando a las familias al negarse a extender el fallo de las sentencias al resto de los alumnos objetores",

"Los que aún esperan su sentencia, los que no han podido aún acudir al Tribunal a defender su derecho puesto que la Junta de CyL les ha impedido hacerlo al no contestar siquiera a sus escritos de objeción de conciencia, y los que quieran, a partir de ahora, acogerse al derecho a la objeción de conciencia", recalcaron.

Por último, reiteraron su disposición a buscar una solución al conflicto dentro de las competencias que tiene la Junta de Castilla y León y solicitaron nuevamente a Juan Vicente Herrera que reciba a los representantes de las plataformas. "Ya es momento de que lo haga puesto que estas sentencias del TSJ de CyL han llegado por el tesón de estos padres en defender sus derechos a pesar de todas las dificultades e impedimentos que han encontrado", concluyeron.