Les ofrecían 'packs' de documentación para regularizar situaciones administrativas o reagrupaciones familiares
VALLADOLID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido a once personas pertenecientes a una organización por, presuntamente, explotar a ciudadanos marroquíes como jornaleros del campo en Valladolid, en la segunda fase de una operación que comenzó en noviembre de 2019 y en la que inicialmente se había arrestado a otros cinco individuos.
Los detalles de la denominada 'Operación Alhucema' han sido aportados este martes en rueda de prensa por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán; el jefe provincial de Policía de Valladolid, Luis Gibert Ortega; y el jefe de la Brigada provincial de Extranjería, José Nieto Barroso.
La operación se ha desarrollado en dos fases a lo largo de los dos últimos años y la primera de ellas concluyó en noviembre de 2020 con cinco personas detenidas que formaban la "red principal" que actuaba en el ámbito de la explotación laboral agrícola en la provincia de Valladolid, la falsificación de documentos y la facilitación de la inmigración irregular.
El trabajo policial ha continuado desde entonces de forma "muy callada pero muy constante", como ha subrayado el comisario José Nieto Barroso, y ha permitido arrestar a otros once individuos, si bien todavía no se da por cerrada la operación ya que se esperan nuevas detenciones.
Se trata, como ha incidido el subdelegado del Gobierno, de una "red" de inmigración ilegal a los que se les atribuye delitos contra la seguridad social, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros --principalmente marroquíes--, que en ocasiones trabajaban en jornadas "de sol a sol de 14 horas", y también de pertenencia a organización criminal.
Se realizaban contratos con agricultores para trabajos en el campo a una parte de sus empleados, les daban de alta en la Seguridad Social y cumplían con las obligaciones tributarias. Otros trabajadores no contaban con la misma suerte, les empleaban en situación irregular facilitándoles la documentación de una tercera persona y les imponían condiciones laborales precarias y abusivas.
Según José Nieto, se considera que el núcleo principal de la organización formaba un "entramado criminal" que se dedicaba fundamentalmente al fraude a la seguridad social e inmigración irregular. "Utilizaban medios, como la falsificación documental, para atraer a gente, favorecer la inmigración, y mantener a estas personas que en ocasiones estaban en estancia en España finalizado su periodo legal", ha detallado.
"Estaba perfectamente estructurado, por ello se le imputa organización criminal", ha recalcado el comisario.
Entre los detenidos figuran tanto los individuos que formaban "el núcleo" de la organización, entre ellos el titular o titulares de una gestoría que se creó 'ad hoc' en la capital vallisoletana para tramitar la documentación irregular, pero también se ha detenido a "beneficiarios", es decir los trabajadores que eran explotados en las labores agrícolas ya que a su vez en algunos casos obtenían documentación e incluso prestaciones económicas que no les correspondían, a cambio del pago previo de cantidades que podían oscilar entre los 250 y los 8.000 euros.
La investigación comenzó gracias a la declaración de un testigo protegido que había comenzado a trabajar en el campo, y al acabar su periodo de estancia legal, acudió a un compatriota para ver "cómo podía seguir en España".
En ese punto la organización se puso en contacto con la persona, y le reclamaba dinero para surtirle de una serie de documentos para regularizar su situación en España.
A partir de ahí, el trabajador extranjero comenzaba a desarrollar su labor de forma irregular en el país con documentos falsos y la organización empezaba a "extorsionarle", de modo que les obligaban a dar a los responsables de la misma "gran parte del dinero" que ganaban trabajando.
Por ello, se considera que la situación de los trabajadores era de "explotación laboral" y "casi de semi esclavitud".
La organización ofrecía 'packs' de documentación para regularizar situaciones administrativas, reagrupaciones familiares o ser beneficiarios de prestaciones sociales, tras un pago que oscilaba entre los 250 y los 8.000 euros.
