Andorra cumple el 90% de las disposiciones de la Carta social europea sobre familia y migrantes

El Comité Europeo de Derechos Sociales valora "insuficiente" el salario de aprendiz

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)

Andorra cumple el 90% de las disposiciones de la Carta social europea relacionadas con los derechos vinculados a la infancia, familia y personas migrantes, ha destacado el Gobierno andorrano en un comunicado sobre la evaluación que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha hecho pública este martes.

Se cumplen 23 de las 26 disposiciones "y se mejora en algunos de los puntos respecto a evaluaciones anteriores", ha valorado Ejecutivo andorrano, que ha informado que en una de las disposiciones se aplaza la decisión.

Respecto a "las dos disposiciones en que se manifiesta no conformidad, el Comité ha valorado los avances llevados a cabo durante estos últimos años", que se podrán presentar en el próximo informe.

Las conclusiones presentadas este martes corresponden al informe sobre la aplicación de los artículos 7, 8, 17, 19 y 31 de la Carta social europea referentes al período del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2017.

Las conclusiones de conformidad hacen referencia a los derechos de la infancia y la adolescencia a la protección, entre los cuales la prohibición de trabajar para menores de 15 años durante el curso escolar y para los menores de 18 en actividades peligrosas o insalubres y las condiciones restrictivas de trabajo para niños y adolescentes.

También hacen referencia a las vacaciones remuneradas anuales, las revisiones médicas regulares y la prohibición de trabajar de noche a los menores de edad; y tienen conformidad los artículos referidos a la protección especial de los menores contra los peligros físicos y morales.

Otras conclusiones conformes se refieren al articulado referente al derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad, concretamente a la duración y condiciones de salario garantizado correspondiente a la baja de maternidad, las pausas de amamantamiento y la prohibición de realizar trabajos peligrosos, insalubres o difíciles.

En lo que hace referencia a las disposiciones a los derechos de los niños y los jóvenes a una protección social, jurídica y económica, "Andorra también cumple con las disposiciones evaluadas", ha asegurado el Gobierno andorrano.

Estas hacen referencia al estatus jurídico del niño y al acceso a los servicios esenciales, la protección contra el maltrato, los derechos de los menores tutelados por el Estado, los derechos de los menores en conflicto con la ley, los derechos de los niños en situación irregular y la situación de pobreza.

PETICIÓN DE MÁS INFORMACIÓN

Sobre este último punto, "el Comité pide que el próximo informe proporcione más datos sobre los índices de pobreza al país y las medidas previstas por el Gobierno para reducir la vulnerabilidad de los niños y garantizarles el acceso a servicios de calidad, sobre todo con relación a la educación, la salud y la vivienda", ha explicado la nota de prensa.

También se pide más información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de lucha contra el acoso escolar y para garantizar la participación de los niños en la toma de decisiones en el ámbito de la enseñanza.

"El Gobierno valora positivamente que estos artículos se habían considerado no conformes en el último informe y que la Carta social europea ha destacado la evolución positiva de la situación de protección de los menores", ha destacado el Ejecutivo.

El Comité ha evaluado positivamente el avance en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias a la protección y a la asistencia, que en evaluaciones anteriores se consideraba no conforme.

Este punto hace referencia a la información proporcionada a los trabajadores migrantes, la colaboración entre los servicios sociales de los distintos estados, la igualdad en materia de impuestos y de acciones frente a la justicia, la transferencia de ganancias y bienes, la enseñanza de la lengua del país de acogida y de la lengua materna del trabajador migrante.

Sobre el derecho a una vivienda digna, el Comité pide también que se proporcionen más datos en el próximo informe sobre las reclamaciones que se han efectuado cerca del Raonador del Ciutad --defensor del pueblo andorrano--.

LAS DE NO CONFORMIDAD

En cuanto a las dos conclusiones de no conformidad, "cabe destacar que en estos dos artículos no hay casi ningún país de los 29 evaluados que haya obtenido conformidad", ha apuntado el Gobierno.

"A pesar de eso, Andorra mantiene su voluntad de evolucionar positivamente de cara a la próxima evaluación", y el Gobierno ha informado de que desde que se entregó el informe, en octubre del 2018, ya se han hecho algunos avances.

Una de las no conformidades guarda relación con la remuneración equitativa a los trabajadores menores de 18 años; el Comité considera que "el salario mínimo de estos trabajadores no es proporcionado y que las prestaciones pagadas a los aprendices no son suficientes".

"El Comité valora los esfuerzos del Gobierno durante estos últimos años para aumentar el salario mínimo interprofesional", ha expuesto la nota de prensa.

La otra no conformidad hace referencia al derecho a una vivienda; el Comité entiende que la ley andorrana "no prohíbe la expulsión de inquilinos durante la temporada de invierno en que son más vulnerables, y que no está demostrado que el derecho interno asegure una indemnización en caso de expulsión ilegal".

La nota del Gobierno reconoce que "es cierto que la legislación vigente no regula expresamente estos dos supuestos" y destaca que los desahucios los dictan los órganos jurisdiccionales, con lo que no pueden ser ilegales.

También señala que "no se ha dado nunca en la práctica" que alguien fuera expulsado o desahuciado de su domicilio o de cualquier otro sitio sin que los servicios sociales del Gobierno y la Batllia --primera instancia judicial andorrana-- no hubieran pactado con anterioridad un recurso alternativo para no dejar la gente en la calle.

El Ejecutivo ha defendido que "con independencia del mes en que se produzcan, lo más importante es contar con medidas sociales eficaces que eviten este tipo de situaciones".

El Ministerio de Asuntos Sociales y la Batllia ya están trabajando en la redacción de un protocolo de actuación para estos casos para que no se produzcan desahucios ni en invierno ni los fines de semana o festivos.

La disposición de la que se ha aplazado la valoración, sobre la ilegalidad del despido durante la baja de maternidad, el Comité considera que falta información para poder valorar debidamente la conformidad o no.

Ha pedido "información muy precisa" sobre la manera en que hayan sido interpretadas y aplicadas eventuales causas disciplinarias tomadas contra alguna trabajadora durante su embarazo o baja de maternidad.