Amnistía Internacional, preocupada ante la incorporación de táseres en la Guàrdia Urbana de Barcelona

Advierten de que son armas "potencialmente letales" y su uso debe limitarse

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional Catalunya (AIC) ha mostrado este martes su "preocupación" ante la adquisición e incorporación de los dispositivos conductores de energía (DCE) --también conocidos como pistolas eléctricas o armas táser-- por parte de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Este miércoles, la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona debatirá y votará la propuesta de Reglamento por el cual se regula la dotación y uso de estos dispositivos, iniciando así su tramitación como proyecto normativo, ha informado Amnistía en un comunicado de este martes.

La organización ha advertido de que los DCE son armas "potencialmente letales" y, por su naturaleza y sencillez de uso, pueden ser usadas de forma indebida y abusiva por parte de los agentes policiales.

Por esta razón, según los estándares internacionales, su uso debe estar estrictamente limitado a situaciones en las que los agentes o terceras personas se enfrenten a una "amenaza inminente" de muerte o lesiones graves que no puedan contenerse con opciones menos extremas.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

La AIC ha mantenido dos reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona para trasladar sus preocupaciones y recomendaciones en materia de derechos humanos respecto a la incorporación de los DCE, y ha hecho llegar propuestas de mejora del Reglamento al Ayuntamiento y a los grupos municipales.

Aún así, la organización ha advertido de que la última versión a la que ha tenido acceso no incluye "suficientes garantías" de protección de los derechos humanos y permite el uso del arma en situaciones que no se ajustan a los estándares internacionales, contraviniendo el principio de proporcionalidad.

Amnistía asistirá a la sesión de la Comisión para hacer seguimiento del debate y votación del Reglamento, y ya ha advertido de que presentará alegaciones en el período que establezca la Comisión.

Espera que, en el trámite normativo que se inicia ahora, haya la oportunidad de incorporar cambios y modificaciones para lograr una normativa "más concorde" a los estándares internacionales de derechos humanos.