La Audiencia de Barcelona ordena reabrir diligencias penales por la autorización del ERE del Sant Pau

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado reabrir diligencias penales e imputar a dos cargos de la Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat por un presunto delito de prevaricación en la autorización en noviembre del 2011 expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión de cerca de 1.400 trabajadores del Hospital Sant Pau de Barcelona, que finalmente se aplicó cerca de dos meses.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia determina la obligación de investigar y tomar declaración en calidad de imputados al director de los Servicios Territoriales de Empresa y Ocupación, Eliseo Oriol, y el jefe de Servicio de Relaciones Laborales, Joan Palet, ambos funcionarios del citado departamento.

Lo hace en respuesta al recurso interpuesto por la denunciante Carmen Pérez --autora de la denuncia penal-- contra el archivo de la causa que realizó el Juzgado de Instrucción 3, poco después de abrir diligencias a final de 2011.

Ante esta actuación, la Audiencia señala que "realmente no se llevó a término diligencia de investigación de tipo alguno", por lo que insta a abrirlas de forma efectiva.

La Audiencia argumenta que "resulta procesalmente incoherente acordar la incoación de diligencias previas y sin llevar a cabo la menor labor o tarea investigadora decretar su sobreseimiento provisional".

CRITICA EL SOBRESEIMIENTO

La Sección Segunda de la Audiencia considera que "un sobreseimiento provisional sin práctica efectiva de diligencia investigadora alguna resulta improcedente por prematuro".

Para el juez, es así, "máxime cuando en la denuncia se alude a la realización de horas extraordinarias por parte de personal médico de la empresa, pretendiéndose la suspensión de contratos de trabajo de facultativos de los mismos servicios en que se realizaban tales horas extraordinarias", añade parafraseando la denuncia presentada por la médico del hospital Carmen Pérez.

La denuncia penal alega que la "inexistencia de las causas legalmente exigibles" para poder llevar a cabo las citadas suspensiones, después de que la dirección del centro --en ese momento a cargo de Jordi Varela-- sustentara la decisión por causas productivas y económicas.

El texto criticaba la pretensión del hospital de suspender contratos de trabajo de facultativos de los mismos servicios en que se realizaban horas extraordinarias y llegando incluso a pretender la suspensión de los contratos de las mismas personas que realizan de forma habitual y continuada esas horas extraordinarias.

El 18 de noviembre de 2011 --dos meses después de la presentación del ERE-- los dos citados cargos de la Conselleria firmaron la autorización del expediente, que contemplaba la suspensión de 15 días laborales para 1.397 empleados hasta final de 2012.

La citada demanda penal en curso, presentada en diciembre de 2011, provocó la paralización del expediente, a consecuencia del silencio administrativo de la Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat ante el requerimiento de Pérez de suspender el ERE precisamente por la existencia de una denuncia en curso.

En ese momento, el Juzgado de Instrucción 3 de Barcelona decretó el sobreseimiento de la denuncia, lo que Pérez recurrió, y ahora la Audiencia Provincial decide volver a investigar.

RECORTES DEL CENTRO

El hospital más antiguo de Barcelona, gestionado por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Arzobispado, puso el citado ERE encima de la mesa para lograr reducir en 15 meses 10 de los 26 millones de recortes que el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha impuesto al centro.

En marzo, la Generalitat destituyó al gerente del centro, Jordi Varela, e intervino al hospital con el objetivo de corregir la desviación financiera detectada en la entidad, actuación que el Govern situó dentro de la normalidad.