El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que garantizar la paridad en todos los órganos de dirección

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que garantizar la paridad de género en los órganos de dirección del Gobierno municipal, así como de los organismos autónomos, sociedades mercantiles y el resto de entidades vinculadas o dependientes del Ayuntamiento.

El pleno de este viernes ha aprobado definitivamente las modificaciones del Reglamento para la Equidad con el voto a favor de todos los grupos, excepto Valents y la concejal no adscrita que se han abstenido, y que incluye dicha obligatoriedad como "principal novedad".

La nueva medida incluye tanto los consejos de administración como los rectores y amplía su ámbito de actuación: hasta ahora solo afectaba a cargos de libre nombramiento, incluidos los gerenciales, de los órganos del Gobiero municipal.

El texto actualizado "busca concretar más algunos mecanismos ya previstos para la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales y facilitar la implementación efectiva de todas las medidas".

Se han incluido pautas dirigidas a equipos redactores de planeamientos urbanísticos para cumplir con las evaluaciones de impacto de género; modificaciones para reforzar la comisión de seguimiento del reglamento, y que los informes de seguimiento sean anuales en lugar de cada cuatro años.

PLAN DE COOPERACIÓN

El pleno ha aprobado inicialmente el Plan director de cooperación para la justicia global 2023-2026, que da continuidad al anterior y que marcará la política municipal de los próximos cuatro años en lo que refiere a los apoyos del consistorio en la comunidad de agentes de justicia global.

El plan quiere consolidar el modelo de una cooperación "con un enfoque municipalista y democrático, feminista, sostenible y centrado en los derechos humanos, de banda ancha y orientada hacia una mayor coherencia del conjunto de las políticas públicas".

Se pautan cinco ejes para estructurar este modelo, y una de las novedades de la hoja de ruta es que supone un "despliegue más efectivo de la cooperación feminista y de respeto de los derechos humanos" en las políticas municipales.