BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona no ve indicios de que el concejal de Comercio y primer secretario del PSC de Ciutat Vella, Roger Pallarols, esté implicado en la presunta trama de corrupción en Ciutat Vella por la concesión de licencias, especialmente de pisos turísticos.
Lo han afirmado este jueves fuentes del consistorio al publicarse que Pallarols --que ejercía de abogado antes de ser nombrado concejal en mayo tras dimitir Carles Martí como teniente de alcalde--; el gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, Joan Albert Dalmau, y el ya ex conseller de UDC en Ciutat Vella Víctor Badia aparecen citados en el sumario del caso, según 'La Vanguardia'.
Desde el consistorio han recordado que su aparición en el sumario no presupone que haya implicaciones delictivas, y han añadido que no han sido citados a declarar al Juzgado.
El Ayuntamiento confía en que se han puesto los mecanismos suficientes, con la renovación de personal y procesos administrativos, para cortar de raíz la presunta trama de tratos de favor a terceros y extorsión para tramitar licencias u otras actuaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento llama a la prudencia.
Entre las actuaciones, el Ayuntamiento destaca el ejercicio de transparencia que supone el nuevo Plan de Usos, con el que se ha realizado un nuevo censo de actividades que sitúa en cerca de 2.500 los locales de restauración, locales de ocio y comercios, entre otros.
Además, este octubre lleva cerrados unos 900 pisos turísticos ilegales, 160 más de los que ya había clausurado hasta julio. De los 591 que tienen licencia, el consistorio está realizando más inspecciones, y ha abierto 21 expedientes de disciplina urbanística.
En el caso están imputados el ingeniero Joaquim Q., el funcionario Heliodoro L.F. --que había sido jefe de servicios técnicos del distrito y fue imputado de diversos delitos de soborno-- y la funcionaria Elena A. --que había ocupado diversos cargos técnicos en Ciutat Vella; el último, como secretaria técnico-jurídica--.
Fue el propio Ayuntamiento quien comunicó al juzgado la presunta existencia de irregularidades en la administración local después de recibir una denuncia de un ciudadano, a partir de la cual el mismo consistorio empezó una investigación en abril de 2009.
Además de haberse personado como acusación particular, también corre a cargo del Ayuntamiento la personación de la ex consejal de Ciutat Vella, Itziar González, la gerente del distrito, Mercè Massa, y la arquitecta Lourdes Conesa, quienes presuntamente habrían sido amenazadas por la trama, y obligó a que González tuviera protección.
El Ayuntamiento no tiene constancia de que más cargos municipales hayan recibido amenazas, y ve a González, Massa y Conesa como víctimas de la presunta trama, y también al gerente Albert Dalmau, de quien se aprovecharon por interés propio, defiende el consistorio.
Ha ofrecido la máxima colaboración a la Justicia, y ya ha entregado más de 200 expedientes a la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona que investiga la presunta trama. Algunos a instancias de la juez y otros por iniciativa propia.
ESCARP: CONTUNDENCIA MUNICIPAL
Por otra parte, la concejal de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, ha subrayado este mismo jueves en declaraciones a los periodistas que el Ayuntamiento ha hecho aflorar "todos los expedientes que podrían estar mal tramitados", y los ha puesto a disposición de la Justicia.
"Acusación particular, acusación contra aquellos que han tenido una mala práctica, absoluta contundencia contra las prácticas ilegales, y aflorar todo lo que podría estar mal hecho", ha sentenciado.
El alcalde, Jordi Hereu, se ha remitido a las declaraciones de Escarp al ser preguntado tras la presentación del encuentro de Metrópolis.