TARRAGONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Tarragona anunció hoy que llevará ante la Fiscalía el caso del aparcamiento de la plaza Jaume I tras conocer los detalles del informe técnico sobre las obras en el que se remarca la "alarmante falta de reacción" por parte del anterior equipo de gobierno, formado por CiU y PP.
Los trabajos fueron adjudicados en marzo de 2002 a la UTE Sistemas Alem, que quebró, por casi 4 millones de euros y su coste actual se estima en más de 25 millones debido a problemas encontrados durante los trabajos que obligaron a redirigir el proyecto y a que en lugar de construir un aparcamiento inteligente se opte por uno convencional. La instalación tenía que entrar en funcionamiento en 2006 y aún no lo ha hecho.
El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC), presentó hoy a los portavoces municipales el informe de la comisión de investigación del aparcamiento que elaboró el actual equipo de gobierno (PSC-ERC) al detectar las irregularidades y el incremento en el coste de las obras.
El informe señala a la presidencia y gerencia anterior de la empresa Aparcamientos Municipales de Tarragona (AMT) como responsables de los hechos, ya que apostaron por contratar a Sistemas Alem pese a los indicios de falta de solvencia técnica y económica de la empresa.
También se responsabiliza al Consejo de Administración de la empresa pública por avalar los créditos a Alem sin que conste ninguna autorización por parte del Ayuntamiento o la Junta General, y a la empresa constructora por cobrar trabajos no concluidos y deficientes. Sobre este hecho se responsabiliza también al ex gerente de la AMT por validar las facturas.
Por extensión, se hace responsable a nivel político a aquellos que decidieron la ejecución y alcance de las obras de urbanización de la plaza Jaume I y del Centro Cívico adyacente "obviando los trámites municipales mínimos para su concreción y ejecución", según el texto.
También se hace responsable a la dirección de obras por no transmitir informes periódicos sobre el avance de los trabajos a los Servicios Técnicos Municipales y a éstos por no controlarlo.
El informe concluye diciendo que es "inverosímil" pensar que el ayuntamiento, entonces formado por CiU y PP, no tenía conocimiento de hechos como los avales presentados por la AMT y sus consecuencias, y califica la actitud del gobierno de "pasividad general" sobre la que "es difícil concretar responsables". El texto termina advirtiendo de la necesidad de hacer un "toque de atención" para que no vuelvan a repetirse situaciones similares.
